- A un año de la confirmación de la sentencia del caso Saweto, las viudas y los huérfanos de los cuatro líderes asesinados en 2014 pasan dificultades económicas.
- Los deudos de los cuatro líderes indígenas exigen a las autoridades peruanas que agilicen el cobro de la reparación civil y se capture a todos los responsables del crimen.
- Hasta el momento se han detenido a dos de los sentenciados, otros dos permanecen prófugos y un quinto inculpado permanece como reo contumaz mientras su juicio está paralizado hasta que sea capturado.
- Los sentenciados han presentado un proceso de Casación ante la Corte Suprema de Justicia y han iniciado un proceso ante el Tribunal Constitucional para solicitar que se anule el juicio.
Escribe: Yvette Sierra Praeli – Mongabay Latam
“Me siento triste, apenada, porque el Estado nos ha olvidado”, dice una de las viudas del caso Saweto, ocurrido en septiembre de 2014, cuando asesinaron a cuatro líderes indígenas de la comunidad Alto Tamaya Saweto, ubicada en la región Ucayali, frontera entre Perú y Brasil. Desde 2008, los dirigentes indígenas estaban denunciando la presencia de madereros ilegales dentro de su comunidad.
Ella habla con preocupación por las condiciones en las que tiene que mantener a sus hijos. Eran cinco los pequeños que quedaron huérfanos cuando asesinaron a los líderes indígenas. Tres de ellos aún son menores de edad y van al colegio. Pero el dinero no alcanza. El año pasado el Estado aprobó entregar una pensión a los hijos menores de edad de los fallecidos. “Lo voy a decir bien claro -reclama la viuda-: no es suficiente para que mis hijos estén acá estudiando, siempre falta para su educación, falta para lo que piden en el colegio”.
El 1° de septiembre de 2014 los líderes indígenas Edwin Chota, Jorge Ríos, Francisco Pinedo y Leoncio Quintisima fueron asesinados cuando se dirigían a la comunidad indígena Apiwtza, en Brasil, lugar que albergaría un encuentro de defensores de los territorios indígenas de los pueblos fronterizos. Los cuatro dirigentes peruanos nunca llegaron. Sus restos fueron hallados el 6 de septiembre de 2014. La pericia determinó que murieron por proyectiles de arma de fuego y sus restos fueron desmembrados e incinerados.
El 25 de agosto de 2025, casi 11 años después del crimen, el Poder Judicial ratificó la sentencia a cuatro de los responsables de los asesinatos. José Estrada, Hugo Soria y los hermanos Segundo y Josimar Atachi Félix fueron condenados a 28 años y tres meses de prisión. Hasta el momento solo dos de ellos han sido detenidos.
La sentencia judicial también determinó el pago de una reparación civil de 400 000 soles (119 191 dólares) para las cuatro familias, unos 100 000 soles para cada una de ellas (29 797 dólares), Sin embargo, hasta el momento los sentenciados no han pagado nada de la reparación civil.
Viviendo lejos de la comunidad
“Acá con mis hijos estamos sufriendo. A veces no tenemos ni gas. No es como en la chacra, allá tenemos nuestra leña, tenemos los alimentos para mis hijos y para mí también. Aquí en la ciudad, es muy difícil”, cuenta a Mongabay Latam una de las viudas, cuya identidad se mantiene en reserva por seguridad
Las cuatro familias de los líderes asesinados han tenido que abandonar la comunidad Alto Tamaya Saweto luego de recibir una serie de amenazas mientras se realizaba el juicio contra quienes resultaron responsables.
Cuando asesinaron a su esposo, todos sus hijos eran menores de edad, “el mayor tenía 12 años”, cuenta la viuda. “Con cinco niños pequeños me he quedado. He podido ver su tristeza. A un padre de familia, de su hogar, de su casa, que ve las necesidades de sus hijos le matan. Ellos estaban luchando por un bien para sus hijos, para sus nietos, para todo el mundo por ese aire fresco, por agua sin contaminar, pero eso no piensan los taladores y desmantelan todos los bosques”, recuerda la viuda al hablar del crimen de su esposo y de los otros tres líderes indígenas a quienes mataron por enfrentarse a los taladores ilegales.
En 2022, se aprobó la Ley que promueve la protección y desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de orfandad. Actualmente, los hijos menores de edad de los líderes asesinados reciben este beneficio. De acuerdo con la norma, esta asistencia económica es otorgada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF). El monto asignado por orfandad es de 200 soles mensuales para cada menor de edad, fondos que se entregan cada dos meses.
“Nos entregan pasando dos meses, eso no es dable, dos meses de espera, pero el profesor no me espera dos meses para dar la copia [a los niños del colegio]. A mí me molesta”, cuestiona la viuda.
Pero no es solo la falta de recursos económicos lo que preocupa a las cuatro familias que han tenido que abandonar su comunidad y refugiarse en la ciudad de Pucallpa, también les inquieta el riesgo al que están expuestas luego de que se dictara la sentencia a los responsables del crimen.
“Cuando aún estaba en la comunidad nos decían: ‘Si siguen pidiendo justicia, las vamos a matar’. Por eso he venido a la ciudad. No es cerquita, son cuatro días de distancia, a veces cinco días, hasta ocho días cuando el río está bajo”, afirma la mujer.
Solo tres de las esposas de los líderes indígenas asesinados quedan con vida. Una de ellas, Adelina Vargas, viuda de Francisco Pinedo, falleció en julio de 2022, antes de que se logre una sentencia firme contra los responsables.
Los deudos de los líderes indígenas de Saweto también reclaman por las demoras en la captura de todos los responsables del crimen.
Mongabay Latam consultó con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sobre el cumplimiento de la sentencia, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.
Detienen a dos responsables del crimen
Hasta el momento, han sido detenidos dos de los sentenciados por el asesinado de los cuatro líderes indígenas. En mayo de 2026 fue capturado José Carlos Estrada Huayta, mientras que el pasado masters 18 de agosto fue detenido Hugo Soria Flores. Ambos empresarios madereros están identificados como responsables de dar la orden de asesinar a los cuatro líderes indígenas y sentenciados a 28 años y tres meses de prisión efectiva como autores mediatos del crimen.
Hugo Soria Flores (52 años) fue detenido en el distrito de Manantay, en Pucallpa, Ucayali, luego de casi un año de permanecer con orden de captura. Soria, al igual que los otros sentenciados, estaban incluidos en la lista de las personas más buscadas, bajo el sistema de recompensas.
Dos de los sentenciados, los hermanos Segundo y Josimar Atachi Félix, aún permanecen prófugos y con orden de captura. Además, un quinto acusado, Eurico Mapes se encuentra prófugo desde el inicio del juicio oral y su proceso está paralizado hasta que se logre su captura.
Felipe Tapia, abogado de las víctimas de Saweto, dijo a Mongabay Latam que “los cuatro sentenciados han interpuesto un recurso de casación ante la Corte Suprema para que esta instancia se pronuncia sobre la sentencia, pero la ley establece que solamente en casos excepcionales los sentenciados o las partes del proceso en general pueden interponer un recurso de casación, que es un pedido excepcional de revisión de la sentencia”.
El abogado también explica que, según la ley, “basta con la sentencia de segunda instancia para que esta se pueda ejecutar, por eso, se está realizando la ubicación y captura de los condenados”. En el caso Saweto, la sentencia en primera instancia se dio el 27 de febrero de 2023, cuando el Poder Judicial condenó a 28 años y tres meses de cárcel a los cuatro inculpados. El lunes 25 de agosto de 2025 se ratificó esta primera sentencia en la 1° Sala Penal de Apelaciones liquidadora de la Corte Superior de Ucayali. Con esta decisión quedó sellado el fallo inicial.
Por otro lado, los hermanos Atachi Félix también han iniciado un proceso ante el Tribunal Constitucional. Los hermanos Atachi Félix interpusieron, este año, una demanda de hábeas corpus, en la que solicitan que las sentencias condenatorias del caso Saweto sean anuladas por diversos motivos. Ambos indican que la sentencia de los jueces de primera y segunda instancia no habría sido adecuada, esencialmente porque, según ellos, no se han respetado las reglas del juicio oral. Ellos alegan que se ha vulnerado su derecho fundamental a la libertad personal.
Mongabay Latam buscó la versión de abogados de los sentenciados por el caso Saweto, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.
- Este reportaje fue publicado originalmente en el portal aliado Mongabay Latam
