La cúpula de Renovación Popular y la bancada que los representa en el Congreso han salido esta tarde a intentar desmentir al fiscal José Domingo Pérez Gómez, quien recordó que dicha organización (antes Solidaridad Nacional) enfrenta una investigación fiscal por lavado de activos agravado por aportes de Odebrecht y OAS.
El esfuerzo dirigencial de Renovación Popular, sin embargo, pierde validez ya que, de acuerdo con información oficial, el citado grupo político sí tiene una investigación en curso y, más aún, este martes 5 de agosto hay una audiencia programada y con participación de los abogados del partido.
Sobre esto último, el 9 de junio del 2025, el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional emitió una resolución y citó a audiencia virtual para este martes a las 11:00 a.m., a fin de “resolver la constitución de tercero civilmente responsable” de Renovación Popular, para que asuma el pago de una reparación civil, en caso de que la actual investigación culmine finalmente con una sentencia.
En la resolución se hace mención a un escrito de la “defensa técnica del partido político Renovación Popular”, que presenta oposición con el fin de no incluir al grupo como tercero civil responsable para el pago de la reparación.
Juego de palabras
El Comité Ejecutivo Nacional de Renovación Popular emitió un primer comunicado donde expresan que el fiscal Pérez Gómez “de manera totalmente falsa ha señalado que nuestra organización política habría recibido dinero de Odebrecht y OAS, para las campañas electorales del 2011 y 2014”.
El CEN agrega que Renovación Popular “inicia el 07 de octubre del año 2020”. Se trata de un juego de palabras. En realidad, estamos ante el mismo partido Solidaridad Nacional, pues solo hubo un cambio de nombre, cuando hicieron la transferencia de la organización a Rafael López Aliaga.
La bancada del partido también emitió un comunicado donde expresan que el fiscal Pérez Gómez “se atrevió a mentir (…) al afirmar que Renovación Popular está siendo investigada por supuestos aportes de campaña en el 2011, proceso electoral en el cual no participamos”.
En este punto es la bancada la que miente, pues los documentos oficiales del proceso sí hacen mención directa a Renovación Popular, como partido que cambió solo de nombre en reemplazo de Solidaridad Nacional.
Lo que dijo el fiscal
Durante su presentación ante una comisión que preside Alejandro Muñante, el fiscal José Domingo Pérez Gómez fue sumamente claro en citar que actualmente se encuentra bajo investigación el partido “Renovación Popular, ex Solidaridad Nacional”, por aportes de Odebrecht y OAS.
En cifras, el fiscal recordó que en la campaña del 2011 Solidaridad Nacional (hoy Renovación Popular) recibió 200 mil dólares de Barata (Odebrecht) y en la campaña del 2014 recibieron 500 mil dólares de Odebrecht y 480 mil dólares de OAS.
Pérez Gómez fue claro en señalar que Renovación Popular fue incorporado como persona jurídica en la investigación, mediante resolución del 8 de setiembre del 2023.
El fiscal también precisó que esta decisión de incorporar al partido Renovación Popular fue confirmado por el Poder Judicial, mediante resolución del 18 de abril del 2024. La investigación que pesa sobre el partido de Rafael López Aliaga es por lavado de activos agravado y asociación ilícita para delinquir.
Con fecha 6 de mayo del 2025, la Tercera Sala Penal de Apelaciones también declaró infundada una apelación de Renovación Popular, a través de la cual pretendían apartarse de la investigación.
En resumen, el partido de Rafael López Aliaga continúa enfrentando la investigación fiscal por los presuntos delitos de lavado de activos agravado y asociación ilícita para delinquir, por aportes atribuidos de Odebrecht y OAS, cuando el grupo política respondía al nombre de Solidaridad Nacional.
Maniobras para evadir la justicia
En cuanto a la bancada Renovación Popular, sus miembros son tan conscientes de la investigación que pesa sobre el grupo político y apoyaron la ley 32054 para apartar a todos los partidos de cualquier responsabilidad penal. El mismo Alejandro Muñante emitió su voto a favor del dictamen, cuando el tema fue aprobado en la Comisión de Constitución y en la Comisión de Justicia. (Pueden acceder a ambos dictámenes aquí y aquí).
En el pleno del Congreso, para la aprobación de la cuestionada ley 32054, Renovación Popular apoyó decididamente con 8 votos a favor de Gladys Echaiz, José Cueto, Jorge Montoya, Miguel Ciccia, Noelia Herrera, María Jáuregui, Javier Padilla y el mismo Alejandro Muñante.
