La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que preside César San Martín, realizará este lunes 18 de agosto, a las nueve de la mañana, una audiencia para analizar, en segunda instancia, la solicitud del Ministerio Público para suspender por 36 meses al cuestionado exfiscal supremo Luis Arce Córdova, en el marco de la denuncia constitucional tramitada en su contra por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
Se trata de un caso relevante ya que Luis Arce Córdova busca que el Poder Judicial allane el camino para su retorno al Ministerio Público, tal como ya ocurrió con los otros dos cuestionados Tomás Aladino Gálvez Villegas y Liz Patricia Benavides Vargas.
Luis Arce Córdova fue denunciado por presunto enriquecimiento ilícito, por un desbalance patrimonial por más de un millón de soles, según determinación establecida en un informe pericial.
El caso ya fue visto en primera instancia y el juez Juan Carlos Chekley Soria se pronunció en contra de la suspensión de Luis Arce Córdova. Esto debido a una denuncia constitucional tramitada ante el Congreso por los mismos hechos; razón por la cual, según el análisis del magistrado, el caso tenía que ser resuelto primero por los legisladores.
(El juez Juan Carlos Chekley Soria, por cierto, también ha sido sujeto de una denuncia constitucional, por el presunto delito de cohecho).
Blindaje en el Congreso
El pasado 11 de julio, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso, bajo la presidencia de la también cuestionada María Acuña Peralta (APP), decidió declarar improcedente la denuncia constitucional del Ministerio Público contra Luis Arce Córdova, por el presunto ilícito de enriquecimiento ilícito.
Este acto de blindaje del Congreso podría resultar favorable para Arce Córdova; pues la improcedencia de la denuncia puede ser usada como argumento para pedir a la sala de César San Martín que desestime la solicitud fiscal de la suspensión.
El blindaje en la SAC del Congreso se produjo con 13 votos a favor, incluyendo de los fujimoristas Nilza Chacón, Víctor Flores y Martha Moyano. Como se recuerda, en plena crisis electoral del 2021, ante la negativa de Keiko Fujimori de aceptar su nueva derrota, Luis Arce Córdova renunció a ser miembro del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con el único propósito de dejar sin quórum al pleno y así intentar boicotear las decisiones que se advertían desfavorables para el fujimorismo.
Ahora el fujimorismo y sus bancadas satélites le devolvieron el favor con la aprobación del informe de improcedencia de la denuncia, la misma que fue votada sin ningún debate y con la participación de todos los congresistas en remoto (con excepción de María Acuña, la presidenta de la subcomisión).
Reconsideración
Tras el blindaje producido en el Congreso, la fiscal de la nación, Delia Espinoza Valenzuela, tramitó un nuevo escrito ante el Congreso, el pasado de 12 agosto, donde pide una nueva revisión del caso, esta vez en una nueva instancia que sería la Comisión Permanente.
Delia Espinoza cuestiona aspectos como la falta de idoneidad de varios parlamentarios para integrar la Subcomisión de Acusaciones Constitucional, en especial María Acuña, quien fue designada presidenta de dicho grupo. «María Acuña Peralta fue designada presidenta de la SAC, aun cuando se encontraba formalmente investigada por la presunta comisión de delitos dolosos (fraude procesal y denuncia calumniosa)». Esta situación generó una incompatibilidad legal automática, lo que determinaba su falta de habilitación para integrar y, con mayor razón, presidir dicho órgano.», cuestiona la representante del Ministerio Público.
Es más, el escrito fiscal da cuenta de otros nueve legisladores que tienen carpetas con investigaciones en el Ministerio Público y que integran la SAC: Jorge Montoya, Martha Moyano, Elvis Vergara, Esdras Medina, José Jerí, Francis Paredes, Digna Calle, Pasión Dávila y Segundo Quiroz.
Los siete primeros votaron a favor de blindar a Luis Arce Córdova, junto con María Acuña.
