El Ministerio Público presentó el requerimiento acusatorio contra el suboficial PNP Luis Magallanes Gavidia por el asesinato de Eduardo Ruiz Sanz, conocido artísticamente como «Trvko», durante las protestas contra el gobierno de José Jerí. La fiscalía solicitó 10 años y ocho meses de cárcel para el agente.
Según la acusación fiscal, el efectivo policial será imputado por el delito de homicidio simple. El Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía Penal del Cercado de Lima halló evidencias sobre el uso desproporcionado e ilegal de la fuerza del suboficial, la misma que se sustenta en pericias forenses, análisis de necropsia y registros audiovisuales del hecho.
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Al respecto, el viernes 15 de octubre de 2025, Magallanes Gaviria, mientras huía por el jirón Camaná en dirección a la avenida Uruguay, realizó un disparo directo al cuerpo de «Trvko», quien se encontraba observando la acción del suboficial.
El informe pericial arroja que hay evidencia del impacto de una bala de calibre cercano a 9 milímetros (mm) tanto en la casaca como en el polo que vestía Eduardo Ruiz. El proyectil habría entrado al cuerpo del artista desde afuera hacia adentro, de izquierda a derecha y con una dirección de abajo hacia arriba.
Las prendas analizadas registran un orificio en la parte delantera, zona izquierda, con un agujero de aproximadamente 8 x 5 mm. en el caso de la chaqueta y 10 x 4 mm. en el polo, ambos con bordes «deshilachados» debido al impacto del proyectil.
La audiencia de control de acusación, a cargo del juez Cesil Martín Mejico Leaño, del 15° Juzgado de Investigación Preparatoria, se ha programado para el jueves 30 de julio, a las 2:30 de la tarde. La sesión es de «carácter inaplazable» y se llevará a cabo en la sala judicial del jirón Raymondi (La Victoria).
La Fiscalía de DD.HH debió investigarlo, reclama defensa
Por su parte, el Estudio Arbizú & Gamarra reiteró su postura sobre que la investigación por el asesinato de «Trvko» debió ser seguida por la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos. Alegaron que la muerte del rapero «se produjo en el contexto de una protesta social y en circunstancias vinculadas al ejercicio de la fuerza estatal».
«La calificación adoptada por la Fiscalía Común no modifica la gravedad institucional del caso ni la necesidad de examinarlo bajo estándares reforzados de protección de derechos fundamentales», reclamaron a través de X.
