A través de un extenso comunicado, cuatro organizaciones internacionales especialistas en materia de justicia condenaron los procedimientos disciplinario que vienen afrontando jueces peruanos por aplicar el control difuso y de convencionalidad ante normas de impunidad como la ley 32107 y alertaron sobre graves afectaciones a la independencia judicial.
La carta es firmada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Robert and Ethel Kennedy Human Rights Center, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola). Estas organizaciones exhortaron a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) frenar con las investigaciones, las que tienen claros visos de persecutorias.
PUEDES LEER: JNJ evalúa proceso contra cinco jueces supremos por inaplicar ley de impunidad en caso esterilizaciones forzadas
Al respecto, las organizaciones observan con preocupación el reciente caso de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, conformada por cinco colegiados y presidida por el magistrado Víctor Prado Saldarriaga en el 2025. La JNJ inició indagaciones preliminares contra estos magistrados por declarar inaplicable una de las leyes de impunidad a fin de continuar con uno de los procesos judiciales por el emblemático caso de las esterilizaciones forzadas durante el régimen del exdictador Alberto Fujimori.
«La Ley de Prescripción permite aplicar la prescripción a delitos cometidos antes de julio de 2002, incluso en procesos por graves violaciones a los derechos humanos. Su aplicación podría impedir que continúen investigaciones y procesos relacionados con ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y esterilizaciones forzadas, privando a las víctimas de su derecho a conocer la verdad y obtener justicia», comentan los organismos sobre la norma inaplicada por el Poder Judicial.
Garantías para los administradores de justicia
Las organizaciones también recordaron que el Estado peruano está en la obligación de garantizar «un recurso efectivo» a los magistrados frente a decisiones o actos arbitrarios.
«Perseguir, suspender o investigar a jueces que han ejercido este control frente a decisiones adoptadas por el Congreso en el marco de acusaciones constitucionales, o por la propia Junta Nacional de Justicia, también constituye un incumplimiento de obligaciones internacionales por parte del Estado peruano», mencionan.
«Las investigaciones disciplinarias como forma de represalia también representan una grave afectación a la independencia judicial. La independencia de juezas y jueces constituye uno de los pilares esenciales del Estado de derecho y una garantía indispensable para la protección de los derechos humanos», alertan las organizaciones internacionales.
Más víctimas de persecución
En el pronunciamiento también dan cuenta de los casos del exmagistrado Oswaldo Ordóñez (no ratificado por la JNJ), del juez suspendido Richard Concepción Carhuancho, del colegiado Jorge Luis Chávez Tamaríz (investigado por no aplicar la 32107), entre otros.
«El uso del régimen disciplinario para investigar a jueces que han aplicado los estándares del Sistema Interamericano transmite un mensaje intimidatorio a toda la magistratura y pone en riesgo la capacidad de los tribunales para garantizar justicia en casos de graves violaciones a los derechos humanos. Permitir que jueces sean investigados por cumplir las obligaciones internacionales del Estado debilita la independencia judicial y favorece la impunidad», advirtieron.
Las organizaciones internacionales demandaron a las autoridades a asegurar la independencia judicial, contenerse de usar el régimen disciplinario como «mecanismo de represalia» contra jueces por su decisiones y cumplir con las obligaciones internacionales suscritas por el Estado peruano.
