¿Por qué Bukele ha empezado a hablar de la posibilidad de liberar a un número significativo de presos que se encuentran en sus cárceles, como pandilleros o exmiembros de las temidas maras, y que venían siendo presentados como su principal activo?
Bukele viene anunciando la liberación de miles de pandilleros presos, cuando lo habitual y frecuente era que exhibiera sus flamantes cárceles repletas de pandilleros tatuados de la cabeza a los pies, en visibles condiciones inhumanas y de sometimiento. Un total de 96 457, independientemente de otros miles por otros delitos. Antes, en alguna ocasión, habló sin darle mucha importancia de 8000 presos como “margen de error” comprensible para un universo tan extenso.
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Un show que a punto de repetición durante los últimos años ha provocado la admiración de gran parte de los salvadoreños y de presidentes que se presentan como imitadores del “modelo Bukele” a fin de terminar con la inseguridad.
Primero la noticia fue que Bukele liberaría unos 46 000 presos, número correspondiente a la mitad del total de los pandilleros presos (más de 90 000) que Bukele se ufana de haber capturado a partir de un plan muy bien diseñado, a diferencia de sus predecesores.
Pero luego declaró que había sido malinterpretado. ¿Se echó para atrás? No, exactamente. Aclaró que lo que lo que quería hacer era crear una comisión para revisar los casos de los denominados “colaboradores”.
¿Y cuántos y quiénes son estos colaboradores presos como pandilleros, cuyos casos iban a ser revisados y podían terminar liberados? Miles también. Bukele mismo dijo que se estaba hablando de unos 10 626, quienes, si bien habían colaborado con las pandillas, lo habían hecho ocasionalmente, y en circunstancias puntuales, las que no les había permitido otra opción, pues eran forzados a hacerlo.
No eran, pues, los que supuestamente se habían incorporado a las pandillas luego del conocido rito de iniciación (denominado “el Brinco”), ni los que colaboraron con ellas de manera consciente y voluntaria. Eran los colabores bajo amenaza. Se habló de ejemplos concretos como quienes fueron obligados a ocultar a integrantes de una pandilla en una vivienda o guardar temporalmente una bolsa entregada por ellos.
Por primera vez se está reconociendo que hay muchos inocentes entre ellos, como lo venían denunciando diversas organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales».
Jurídicamente es muy discutible que quien hace algún tipo de colaboración como las descritas, bajo amenaza de muerte por parte de una pandilla, pueda ser considerado culpable, pero el presidente Bukele ha dicho que sí lo son, que cometieron un delito y por eso llevan encarcelados un buen número de años.
Bukele ha sido categórico en declarar que “ningún pandillero va a salir libre; nunca”, pero ha reconocido que eso no es incompatible con una revisión individual de expedientes de los mencionados colabores. Y por alguna razón ha precisado que esta revisión solo será del 50 % de dicha categoría, los que tampoco son poca cosa porque superan los 5000.
Al parecer estaría dispuesto a evaluar el contexto en el que ocurrió la colaboración y el grado de conocimiento que tenían sobre la organización.
Y quienes superen la revisión serán liberados y podrán ingresar al programa denominado Cero Ocio, un plan de trabajo y formación que existe dentro de las cárceles, del que están excluidos los pandilleros. Doble beneficio.
A pesar de estos cambios en las noticias sobre la liberación de pandilleros en El Salvador, lo cierto es que algo así nunca antes había ocurrido y que por primera vez se está reconociendo que hay muchos inocentes entre ellos, como lo venían denunciando diversas organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales.
Se trata de inocentes porque jurídicamente, el presidente Bukele puede decir lo que quiera, pero quien ha sido obligado a colaborar en actos menores bajo amenaza, no tienen una responsabilidad penal similar a quien participa o colabora a sabiendas. Y no se trata de algo excepcional porque este tipo de colaboradores presentados hasta hace poco como pandilleros pueden sumar más de 10 000.
Se trata indudablemente de un cambio radical en la actitud de Bukele que abre la posibilidad de que luego se pueda identificar y reconocer inocentes entre los que se cree pandilleros convictos y confesos, como también lo vienen denunciando los organismos de derechos humanos y familiares de los presos. Si hay que esclarecer circunstancias, motivaciones y vinculaciones respecto a los colaboradores, por qué habría plena seguridad respecto a un universo de miles de miles, todos casos sumamente complejos, además de capturados y condenados priorizando objetivos políticos.
¿Por qué Bukele ha decidido abrir esta línea de acción hasta hace muy poco totalmente inexistente?
La experiencia del régimen de Fujimori
Tal vez la explicación la podemos extraer de una experiencia histórica que sucedió en el Perú, en la década de los 90 del siglo pasado, durante los años de Alberto Fujimori. Ocurrió que luego de dar un autogolpe de Estado, el 5 de abril de 1992, con el abierto apoyo de las Fuerzas Armadas, aprobó una legislación antiterrorista, a ser aplicada a los acusados de participar en los grupos sanguinarios de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, grupos que venían cometiendo atentados por todo el país desde comienzos de los 80. Legislación que años después un grupo internacional de juristas (el grupo Goldman, pues su presidente era Robert Goldman) después de acudir al país para evaluarla, la caracterizó como la más dura que habían conocido.
Y no era para menor pues era un paquete de normas que incluía “jueces sin rostro”, tanto civiles como militares, capacidad de detención por la policía y los militares sin mandato judicial en cualquier circunstancia, restricciones severas al derecho de defensa, plazos para el juzgamiento fulminante (en 10 días podían aplicar una cadena perpetua), posibilidades de sentenciarte en ausencia y siendo menor de edad, entre otras características.
Y todo eso junto a un régimen de acusaciones por “arrepentidos” sin ninguna garantía y condiciones penitenciarias peor que inhumanas (aislamiento individual, restricción de visitas durante el primer año, prohibición del ingreso de cualquier tipo de materiales).
Pese a ser un régimen reñido frontalmente con el ordenamiento jurídico nacional e internacional, ya que no pocas organizaciones del Perú e internacionales denunciaban la existencia de un gran número de inocentes presentados como culpables, era el orgullo del régimen de Fujimori y de su asesor Montesinos. Lo importante era tratar de parar el terrorismo a cualquier costo.
Todo iba bien entre 1992 y 1995. Pero de pronto se comenzó a escuchar que el Gobierno estaría dispuesto a crear una comisión para revisar casos con el afán de encontrar inocentes y poder liberarlos, tal como está ocurriendo con Bukele.
¿Acaso Fujimori se había sensibilizado con el hecho de que pudieran existir inocentes acusados injustamente de terrorismo y por ello estuvieran presos y condenados?
En absoluto. Lo que había ocurrido era que en la medida que se habían incrementado estos inocentes, la difusión del fenómeno también fue creciendo, y la situación comenzó a generar una fuerte presión en el país, y desde el exterior.
Ni aún el dictador que lo controlaba todo (instituciones, medios de comunicación, opinión pública) pudo resistir la presión que se había generado ante la certeza de que había miles de inocentes encarcelados».
En las encuestas nacionales, ante la pregunta de si en el Perú existían presos inocentes por terrorismo, la mayoría comenzó a responder que sí. Paralelamente vinieron pronunciamientos y misiones vinculados al Sistema Interamericano y a naciones unidas, a otros países y a organismos como Amnistía Internacional, WOLA. Lugar donde asistía Fujimori le preguntaban por los presos inocentes encarcelados.
Fue así que no le quedó otra opción que comenzar a hablar del diseño de un mecanismo para resolver este grave problema. Las organizaciones de derechos humanos plantearon la creación de una comisión de jueces que luego de identificar los casos, los sometieran a un recurso extraordinario de revisión.
Sin embargo, Fujimori llegó a la conclusión de que si intentaría resolver un problema creado por él mismo con su legislación, era justo que él cosechara puntos a su favor. Fue así que planteó la creación de una comisión Ad Hoc, integrada por un representante suyo, por su ministro de Justicia y el Defensor del pueblo. Comisión que recibía los casos presentados por una amplia red de abogados. Una vez que la Comisión Ad hoc aprobaba un conjunto de casos como inocentes injustamente encarcelados por terrorismo, los elevaba al mismo Fujimori, quien podía tomar la decisión de concederles un indulto presidencial. Indultos que cada vez concedía ganaba puntos en materia de derechos humanos, sin importar que el indulto no correspondiera a la revisión y absolución de un inocente, sino a la liberación por el perdón de la pena.
Entre 1966 y 1999, Fujimori, usando este mecanismo indultó a más de 500 presos inocentes. A la vez esto jaló a que se mejorara la legislación antiterrorista, lo que provocó que los jueces también comenzaran a absolver muchísimos casos, sin peligro de ser criticados.
Como llegó un momento que el indulto de inocentes ya no era una noticia importante, Fujimori dejó de indultar y pasó el mecanismo a formar parte del ministerio de Justicia, el mismo que fue retomado por los gobiernos que vinieron (Panigua y Toledo), quienes sumaron otros cientos y miles de indultados y absueltos.
Ni aún el dictador que lo controlaba todo (instituciones, medios de comunicación, opinión pública) pudo resistir la presión que se había generado ante la certeza de que había miles de inocentes encarcelados, bajo condiciones penitenciarias por debajo de todos los estándares previstos en los tratados internacionales. Intuimos que una situación similar puede haber comenzado a pasar con Bukele y sus pandilleros presos. Se ha echado a andar una presión que exige abrir una válvula de escape, sobre todo ahora que faltan pocos meses para que intente su tercer mandato. En la medida que esta presión crezca y se mantenga, los mecanismos de revisión avanzarán.
