La Contraloría General de la República advirtió que el Programa Agua Segura para Lima y Callao (PASLC), dependiente del Ministerio de Vivienda, otorgó la buena pro para ejecutar un megaproyecto de agua potable y alcantarillado por más de S/ 839 millones, sin haber actualizado el presupuesto, a pesar de compromisos previos de modificación. Este descuido técnico podría generar controversias contractuales y retrasos significativos en la obra.
El proyecto debe beneficiar a más de 286 mil habitantes de los distritos de San Antonio (Huarochirí) y Carabayllo (Lima). Sin embargo, según el informe de control 072-2025-OCI, la omisión de modificaciones en el plan de seguridad contraviene lo anunciado por el propio PASLC durante la etapa de consultas del proceso de selección, donde se comprometió a incorporar equipos de protección indispensables para la ejecución segura de la obra.
Durante el proceso de absolución de consultas en diciembre de 2024, el PASLC recibió cinco preguntas relacionadas con la actualización del plan de seguridad. En su respuesta, la entidad aseguró que se incorporarían nuevos equipos como medidores de gases, trípode de rescate, postes de seguridad, mallas de protección, cilindros plásticos y un alcoholímetro. Sin embargo, esta modificación nunca se concretó en el expediente técnico final.
Los auditores constataron que el presupuesto registrado en el SEACE no refleja estos ajustes. El análisis del desagregado de partidas evidencia que los equipos comprometidos no fueron incluidos, lo que deja a la obra sin los elementos mínimos necesarios para cumplir con estándares básicos de seguridad laboral.
La Contraloría alertó que esta omisión podría derivar en reclamos del contratista, demoras en el inicio o ejecución de los trabajos, y sobrecostos asociados a posteriores correcciones contractuales. Estas situaciones comprometerían el cumplimiento de los plazos y afectarían directamente a la población beneficiaria del proyecto.
Ante este escenario, el organismo de control recomendó comunicar de inmediato estos hallazgos al titular del Ministerio de Vivienda, con el fin de adoptar las medidas correctivas que aseguren el desarrollo oportuno y seguro de una obra de alto impacto social y económico.
