Once años después del asesinato de los líderes ashéninkas de la comunidad Alto Tamaya-Saweto Edwin Chota Valera, Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali confirmó la condena contra los madereros ilegales Hugo Soria Flores, José Estrada Huayta y los hermanos Segundo y Josimar Atachi Félix. La pena dictada es de 28 años y tres meses de prisión efectiva.
José Estrada y Hugo Soria fueron declarados autores mediatos del crimen, mientras que los hermanos Segundo y Josimar Atachi Félix resultaron autores materiales. Los jueces ordenaron la ejecución inmediata de la pena y su ingreso a un centro penitenciario. Además, la sala ordenó incrementar la reparación civil de 50 mil a 100 mil soles a favor de las familias de cada víctima, sumando un total de 400 mil soles.
Ergilia Rengifo López, viuda de Jorge Ríos, expresó su alivio y dolor: “Después de once años de dolor y espera, hoy sentimos que se ha avanzado para lograr justicia. Ahora esperamos que los sentenciados cumplan la condena”.
La segunda etapa del juicio incluyó 15 audiencias, en las que se evaluaron nuevas pruebas y se escuchó la opinión del exprocurador anticorrupción José Ugaz Sánchez-Moreno como amicus curiae. Los magistrados garantizaron la participación de una intérprete ashéninka para que las familias comprendieran los argumentos.
Rocío Trujillo Solís, abogada de Edwin Chota, destacó que el fallo confirma la responsabilidad de los sentenciados y sienta un precedente para otros casos de defensores indígenas, enviando un mensaje de resistencia y esperanza frente a la impunidad.
Asesinados en el 2014
El 1 de septiembre de 2014, los cuatro líderes se dirigían a la comunidad de Apiwtza en Brasil para participar en una asamblea sobre estrategias contra la tala ilegal. En el camino, fueron emboscados, torturados y asesinados en Varadero de Cañaña, Ucayali, cerca de la quebrada Putaya.
La fiscalía formalizó la denuncia en 2019 y solicitó 35 años de cárcel para los acusados. Tras varias etapas del juicio, incluida la incorporación de un testigo protegido, la sentencia final de 28 años y tres meses fue confirmada en segunda instancia el 25 de agosto de 2025.
Para líderes indígenas y abogados de las víctimas, esta sentencia marca un precedente importante frente a los más de 30 defensores indígenas asesinados en los últimos años. Miguel Guimaraes, vicepresidente de AIDESEP, subrayó la necesidad de protección estatal y justicia rápida para resguardar los territorios de las comunidades nativas.
