El llamado a la paz en tiempos de crisis no solo es indispensable para la gobernabilidad de una nueva gestión presidencial, sino que constituye una vía fundamental hacia la legitimidad política. En un país donde la conflictividad social y la desconfianza institucional alcanzan niveles críticos, la apelación a la unidad nacional no puede reducirse a un discurso simbólico, sino asumirse como una estrategia de reconstrucción democrática.
En escenarios de paros y protestas, el accionar del Estado debe orientarse a garantizar los principios democráticos y del Estado de derecho, pero también a responder con empatía y apertura a las demandas ciudadanas. La violencia vivida durante las movilizaciones en Lima del 2020 y en el sur en los años 2022 y 2023 debe permanecer como un recordatorio de que la defensa del orden público nunca puede justificar la vulneración del derecho a la protesta ni el uso desproporcionado de la fuerza.
En este contexto, el nuevo presidente debe demostrar comprensión de la complejidad política y social del país. Quienes integran el gabinete ministerial no deberían responder únicamente a una lógica tecnocrática, sino alinearse a una toma de decisiones que respalde el respeto irrestricto de los derechos humanos y la promoción de la estabilidad institucional. La composición del gabinete debería reflejar compromiso con la pluralidad y la transparencia, elementos esenciales para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones.
«Convocar a la paz no implica silenciar las discrepancias, sino canalizarlas mediante un marco democrático que respete los derechos fundamentales».
La gobernabilidad no se limita a la gestión administrativa; implica la capacidad del Estado para generar consensos, proyectar credibilidad y fomentar la participación ciudadana. En ese sentido, la paz no puede entenderse como la ausencia de conflicto, sino como una construcción política basada en el reconocimiento de la justicia y la deliberación.
Según un reporte de Ipsos (agosto 2025), siete de cada diez peruanos perciben que el país vive en un clima de violencia generalizada. Este dato evidencia la urgencia de fortalecer las políticas de prevención y mediación. Convocar a la paz no implica silenciar las discrepancias, sino canalizarlas mediante un marco democrático que respete los derechos fundamentales.
La verdadera legitimidad política se construye cuando el Estado no solo gobierna, sino que escucha, dialoga y actúa con responsabilidad para proteger la vida, la seguridad y los derechos de sus ciudadanos. Un gobierno que respeta los principios democráticos y prioriza la dignidad humana fortalece su autoridad no a través de la imposición, sino mediante la confianza.
