Giovanna Fiorella Gonzales Soto, funcionaria de confianza del entorno del defensor de turno Josué Gutiérrez, volvió a enviar esta semana una carta para intentar amedrentar al Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo (SITRADEP), luego de que esta organización cuestionara el accionar del titular de la institución durante la segunda vuelta presidencial en Perú.
El pasado 8 de junio, el SITRADEP emitió un comunicado donde cuestionan que la actual gestión de Josué Gutiérrez haya dispuesto la “recolección sistemática y a escala nacional de actas de sufragio”. Los trabajadores cuestionan que se haya intentado realizar una actuación paralela a los organismos electorales competentes.
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“La ruptura con esa práctica institucional consolidada no solo genera una afectación a la coherencia de la actuación defensorial, sino que contribuye a distorsionar ante la ciudadanía la identidad y el rol propio de la institución, cuya legitimidad reposa precisamente en su imparcialidad y en el respeto estricto de su mandato constitucional”, se lee en el comunicado del gremio defensorial.
Los trabajadores también protestan por la emisión de comunicaciones públicas, antes de que los organismos electorales culminen sus procedimientos de verificación y resolución. Esto en alusión a un pronunciamiento de la Defensoría emitido el mismo jueves 7 de junio, donde denuncian “un intento de fraude”. Luego emitieron otro donde descartan “un patrón sistemático de fraude”. Este tipo de comunicaciones alarmistas siempre han sido ajenos al desempeño de la entidad defensorial.
Amedrentamiento
Tras el pronunciamiento gremial, el 10 de junio, Giovanna Gonzales, secretaria general de la Defensoría y funcionaria de confianza de la gestión de Josué Gutiérrez, remitió una carta al SITRADEP donde pide confirmar si el pronunciamiento último “ha sido elaborado y aprobado por la organización que usted representa”.
Se trata de la segunda oportunidad en que dicha funcionaria se dirige a los trabajadores con una carta con un tenor de intromisión sobre los asuntos sindicales y también como un intento de amedrentamiento.
El 19 de setiembre de 2025, la misma funcionaria remitió una carta similar, cuando el sindicato protestó por la maniobra de Josué Gutiérrez, al presentar una demanda ante el Tribunal Constitucional, con el objetivo de fondo de validar la ley 32419, ley de amnistía e impunidad para militares y policías procesados o sentenciados por violaciones a los derechos humanos.
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Si bien el defensor cuestionó la constitucionalidad de la norma, su accionar, siempre subordinado al fujimorismo, denotó una maniobra para que el TC, también afín a Keiko Fujimori, pueda reforzar la validez de la norma. Actualmente el caso se encuentra pendiente de votación. Si el TC no alcanza los cinco votos para la inconstitucionalidad, la ley de impunidad 32419 quedará plenamente vigente.
En el contexto actual de captura progresiva de las instituciones, este escenario era previsible. Si el defensor Josué Gutiérrez evitaba presentar esta demanda, los jueces mantendrían la opción de poder inaplicar la ley 32419, como parte del ejercicio del control de convencionalidad.
Sin base legal
Cuando la funcionaria Giovanna Gonzales envió el primer documento de intromisión y amedrentamiento al sindicato, desde esta redacción enviamos una solicitud de acceso a la información a la entidad defensorial. En el mismo pedimos que nos envíen la “copia del reglamento, estatuto, directiva, memorando o cualquier norma, disposición o documento administrativo que sustente la emisión de la carta”.
Nuestro objetivo era conocer el sustento legal de la intervención de la citada funcionaria. También deseábamos saber si hubo algún procedimiento, disposición u orden interna que la llevó a formular el requerimiento ante el sindicato.
El 7 de octubre de 2025, la entidad defensorial nos remitió la respuesta. (Estaban obligados a hacerlo de acuerdo a ley). En el documento se limitan a reportar la “inexistencia de los datos solicitados”.
Es decir, la Defensoría no reporta ninguna disposición interna o norma que sustente los actos de la funcionaria de confianza de Josué Gutiérrez, Giovanna Gonzales, con relación a las cartas remitidas al gremio de trabajadores de la institución.
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