Hace algunos años se instaló en Lima una consigna potente: “hambrecero”. Se decía que la ciudad daría un giro para erradicar el hambre y para fortalecer a las ollas comunes y a quienes, con enorme esfuerzo, sostienen cada día la alimentación de miles de personas. Hoy, sin embargo, no deja de rondarme la pregunta: ¿en qué lugar quedó realmente esa promesa?
No lo planteo solo como alguien que trabaja en temas de nutrición pública, sino también como exregidora de la Municipalidad de Lima en la gestión anterior. Desde ese lugar, pude participar en la elaboración y aprobación de ordenanzas orientadas a crear estructuras más sólidas para enfrentar la malnutrición en la ciudad. Sin embargo, me preocupa saber si dichas normas se están implementando o si han quedado, en parte, estancadas en el papel.
Uno de esos instrumentos es la ordenanza que creó el Consejo del Sistema Alimentario de Lima Metropolitana (CONSIAL), un espacio pensado para articular políticas, unir actores diversos y construir soluciones de manera conjunta para erradicar la malnutrición. Este consejo debería sesionar mensualmente, pero hasta ahora no parece estar funcionando de manera efectiva ni convocando espacios de coordinación con todos los sectores que lo conforman. Lo menciono porque actores que estamos involucrados y formamos parte de ese CONSIAL, hasta la fecha, no hemos sido convocados. Esto deja la duda de si las herramientas institucionales existentes están siendo usadas en su real dimensión.
Por otro lado, recientemente, lideresas de ollas comunes de San Juan de Lurigancho han expresado su preocupación por la calidad de la sangrecita que les está llegando desde la Municipalidad de Lima. Además, el portal Salud con Lupa ha difundido una denuncia sobre este tema, señalando posibles irregularidades en el proceso de adquisición, lo cual ha despertado cuestionamientos sobre un eventual acto de corrupción. En respuesta, la Municipalidad de Lima ha emitido un comunicado afirmando que, gracias a la sangrecita que ha repartido, se habría logrado reducir la anemia infantil en la ciudad.
Por supuesto, nadie puede negar que haya múltiples esfuerzos encaminados a reducir la anemia y la malnutrición en la ciudad. Pero es importante reconocer que estos avances difícilmente pueden atribuirse a un solo actor o a un único factor, sobre todo cuando hablamos de problemas de salud pública que son profundamente multicausales. En Lima, como en muchas otras ciudades, hay organizaciones sociales, redes comunitarias y profesionales que impulsan estrategias sostenidas y aportan desde distintos frentes.
«La lucha contra la anemia y el hambre requiere coherencia, voluntad política y políticas públicas que trasciendan los periodos electorales».
Si bien toda acción que busque combatir la anemia puede ser valiosa, sería importante conocer con claridad si existen estudios o reportes oficiales que permitan afirmar que la reducción observada en los índices de anemia en Lima Metropolitana de 34.7% a 32.9% en menores de 3 años, según la ENDES 2024, se debe de manera exclusiva a la entrega de este alimento, y en qué población específica se habría evaluado. También sería clave saber cuántos niños lograron ese supuesto resultado y durante cuánto tiempo se mantuvo dicha dotación. La transparencia no es solo un principio administrativo, sino una condición básica para que las políticas públicas puedan evaluarse de manera objetiva.
Algo que preocupa, de cara a un contexto preelectoral como el que se avecina, es la posibilidad de que temas tan delicados como el hambre y la inseguridad alimentaria puedan convertirse en banderas políticas, utilizadas para discursos de campaña o para fortalecer determinadas imágenes públicas. No es algo exclusivo de una gestión ni de una autoridad en particular: ha ocurrido antes y podría volver a ocurrir. A veces, en lugar de fortalecer estructuras participativas y de largo plazo, se priorizan anuncios o acciones visibles de corto plazo, que no necesariamente resuelven los problemas de fondo.
Creo que es legítimo cuestionar la falta de continuidad y de transparencia en políticas públicas que deberían trascender gobiernos, partidos y periodos de gestión. Las ollas comunes, por ejemplo, podrían correr el riesgo de quedar expuestas a dinámicas políticas en lugar de recibir el respaldo institucional sostenido que necesitan para asegurar alimentación digna a miles de familias.
En conclusión, no se pueden atribuir avances en la reducción de la anemia a un solo actor ni a un solo factor, considerando que se trata de un problema de salud pública multicausal, mientras se mantienen paralizados mecanismos fundamentales de articulación y participación. La lucha contra la anemia y el hambre es, y debe seguir siendo, un esfuerzo colectivo. Requiere coherencia, voluntad política y políticas públicas que trasciendan los periodos electorales y que se construyan con evidencia, participación real y mirada de largo plazo.
Quizá, la verdadera pregunta que debemos hacernos, a puertas de un nuevo proceso electoral, es si el lema “hambrecero” se convertirá alguna vez en una política pública integral y sostenida, o si volverá a ser solo parte de la retórica de campaña.
