La Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) exigió al Congreso de la República fiscalizar las decisiones de los sectores del Estado que votaron en contra de los estudios para el reconocimiento y la categorización de las reservas indígenas solicitadas Atacuari y Yavarí Mirim. La organización también demandó transparencia sobre los fundamentos técnicos de esas decisiones y la restitución de una comisión parlamentaria especializada en pueblos indígenas.
Los pedidos fueron planteados el 9 de noviembre, durante la Segunda Sesión de la Mesa Multipartidaria Bicameral, realizada en el Congreso, donde dirigentes indígenas expusieron sus preocupaciones sobre la situación de las reservas indígenas solicitadas Atacuari, Yavarí Mirim y Napo-Tigre, así como las amenazas que enfrentan los territorios de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI). La reunión se desarrolló a partir de las gestiones de ORPIO y la articulación con el despacho de la senadora Mirtha Vásquez Chuquilín.
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Durante la sesión también se expuso una propuesta o borrador de proyecto de ley sobre corredores territoriales, iniciativa impulsada por las organizaciones indígenas de base de ORPIO. La propuesta busca establecer mecanismos de protección para los espacios donde habitan y se desplazan los pueblos indígenas en aislamiento, así como para los territorios compartidos con comunidades nativas y campesinas. Según la organización, el objetivo es proteger la vida de los PIACI, conservar los bosques y fortalecer la gobernanza indígena.
ORPIO planteó, además, la conformación de una mesa técnica legislativa que permita analizar la iniciativa e incorporar los aportes de otras organizaciones indígenas para alcanzar una propuesta consensuada.
La organización cuestionó la falta de explicaciones técnicas de los representantes del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), el Ministerio del Ambiente (MINAM), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP). En particular, criticó que los sectores hayan emitido votos contrarios a los estudios de reconocimiento y categorización de las reservas indígenas sin explicar suficientemente los fundamentos de sus decisiones.
«Los pueblos indígenas no pueden seguir enfrentándose a decisiones que afectan sus derechos fundamentales sin recibir respuestas claras, documentadas y verificables», señaló ORPIO en un comunicado.
La organización también expresó su preocupación por la ausencia del Ministerio de Cultura en la sesión y consideró que su participación habría permitido recoger directamente las demandas de los pueblos indígenas y avanzar en medidas para proteger sus territorios.
Piden fiscalización de las decisiones del Estado
Entre sus principales demandas, ORPIO solicitó al Congreso que ejerza sus facultades de fiscalización sobre las instituciones que votaron en contra de los estudios correspondientes a las reservas indígenas solicitadas Atacuari y Yavarí Mirim.
Para ello, la organización pidió que se requiera al MINEM, MINAM, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), SERFOR y otras entidades involucradas la entrega de los informes técnicos, fundamentos legales y documentos que sustentaron sus votos. También demandó que los funcionarios responsables expliquen ante las instancias parlamentarias los criterios utilizados para evaluar las evidencias sobre la presencia de pueblos indígenas en aislamiento.
La organización pidió, además, que se implementen medidas de protección preventiva en los territorios involucrados mientras continúan pendientes los procedimientos administrativos.
Exigen comisión especializada en pueblos indígenas
Otro de los reclamos está relacionado con el archivamiento de la Moción 00012-2026-2031-S, que proponía crear una Comisión Especial de Pueblos Indígenas u Originarios, Comunidades Campesinas y Nativas, Pueblo Afroperuano y Poblaciones en Situación de Vulnerabilidad.
ORPIO pidió al Senado revisar esa decisión y someter la propuesta a debate en las instancias parlamentarias correspondientes. Sostuvo que la protección de los territorios indígenas, la defensa de sus dirigentes y la atención de las amenazas vinculadas con actividades extractivas y proyectos de infraestructura requieren un espacio permanente de fiscalización legislativa.
La organización consideró que una comisión especializada permitiría mantener un diálogo directo con las organizaciones representativas, supervisar las políticas públicas y atender las amenazas contra los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
Finalmente, ORPIO solicitó que la Mesa Multipartidaria establezca un mecanismo de seguimiento de los compromisos, con plazos definidos, instituciones responsables y participación de las organizaciones indígenas. También insistió en la necesidad de conformar la mesa técnica legislativa para desarrollar el Proyecto de Ley de Corredores Territoriales.
«La vida de los pueblos indígenas en aislamiento no está sujeta a negociación», enfatizó la organización, que recordó que el reconocimiento de sus derechos y la protección de sus territorios son obligaciones del Estado peruano.
