La Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos ha tramitado una solicitud de detención preliminar judicial para los suboficiales PNP Luis Magallanes y Omar Saavedra, ambos investigados por la muerte del joven músico Eduardo Mauricio Ruiz Sanz.
El Ministerio Público recalcó que ambos suboficiales de la Policía Nacional del Perú son investigados por el presunto delito de homicidio calificado del mencionado joven, quien falleció en inmediaciones de la Plaza Francia, en el centro de Lima, víctima del impacto de un proyectil de arma de fuego, durante la protesta social del 15 de octubre.
OPINIÓN: La defensa del orden público nunca puede justificar el uso desproporcionado de la fuerza
El requerimiento fiscal se produce en un contexto especial, ya que el Ejecutivo ha evidenciado un interés en torpedear la presente investigación, según se puede desprender de las declaraciones públicas del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola.
Por un lado, el ministro Vicente Tiburcio ha expresado en el Congreso que la investigación fiscal debería desarrollarse de conformidad con la ley 32130. Esta norma traslada a la Policía Nacional facultades para conducir la investigación preliminar, situación que podría poner en riesgo las garantías de independencia en el proceso de indagación.
Por su parte, el comandante general de la PNP ha manifestado que el caso debe ser investigado por una fiscalía común, al considerar que se trata, supuestamente, de un hecho aislado; a pesar de las denuncias públicas sobre los abusos cometidos por el personal policial y los disparos a discreción de perdigones directo al cuerpo.
La cadena de mando
Esta declaración ha sido cuestionada por la parlamentaria cusqueña Ruth Luque, quien manifestó que el crimen de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz «configura una grave vulneración a los derechos humanos». Por esta razón, respaldó que el caso sea investigado por la fiscalía de derechos humanos.
La legisladora de la bancada Bloque Democrático ha deslizado, a través de su cuenta personal en X (Twitter), que estas maniobras del Ejecutivo estarían orientadas a evadir responsabilidades a futuro de parte de los mandos de la Policía Nacional y las autoridades de Palacio, incluyendo el presidente en funciones, José Jerí Oré.
Oscar Arriola pide que vaya el caso a un fiscal penal común. No señor Arriola, no es un hecho aislado, aquí se configura una grave vulneración a los DDHH. El asesinato de Eduardo Ruiz Sáenz, debe ser competencia de la fiscalía de DDHH. Y ya sabemos que, es fácil esquivar la… https://t.co/8G1xfsljoX
— Ruth Luque (@RuthLuqueIbarra) October 16, 2025
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre el tema este viernes y subrayó que el caso debe ameritar una investigación y sanción para toda la cadena de mando.
«La CIDH condena la muerte de Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, ocurrida en el contexto de las protestas del 15 de octubre en Lima, a causa de un disparo que habría sido realizado por un agente policial encubierto (…) La CIDH urge a una investigación inmediata, exhaustiva e independiente, y a sancionar a los responsables en toda la cadena de mando. Asimismo, recuerda que el uso de armas de fuego en protestas está estrictamente prohibido», expresó esta instancia supranacional.
