Representantes de las principales organizaciones indígenas y campesinas del Perú se movilizaron el viernes último en Lima, en rechazo a las normas impulsadas desde el Congreso y las políticas impulsadas en alianza con el Ejecutivo, en perjuicio de los derechos fundamentales y el medio ambiente.
La jornada de protesta tuvo lugar frente a Palacio de Justicia, en el centro de Lima, con participación de delegaciones de AIDESEP, ONAMIAP, la Confederación Campesina del Perú, la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Unión Nacional de Comunidades Aymaras y FENMUCARINAP.
Ley contra las tierras comunales
Las organizaciones expresaron su rechazo a la ley 32293, que permite formalizar posesiones informales establecidas entre los años 2004 y 2015, sobre tierras comunales. Según alertaron, esta norma “legaliza las invasiones” y vulnera derechos protegidos por el Convenio 169 de la OIT y la Constitución peruana, generando un impacto directo en las comunidades campesinas.
En la movilización también rechazaron el predictamen de la denominada “Nueva Ley Antiforestal”, en discusión en el Congreso, por considerar que promueve la deforestación. Según apuntaron, la norma permitiría titular predios agrícolas deforestados sin autorización previa para el cambio de uso de suelo, lo que aumentaría la presión sobre los territorios indígenas y la seguridad de sus defensores.
En un pronunciamiento, las organizaciones también rechazaron la eventual ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y la ley de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE). Según explicaron, ambas medidas impulsan la expansión de actividades mineras que dañan bosques y ríos en territorios indígenas.
Leyes contra los derechos humanos
Otro punto cuestionado fue la reciente promulgación de la Ley APCI (32301) y su reglamento. De acuerdo con las organizaciones, la norma constituye un retroceso al restringir la labor de la sociedad civil y criminalizar a colectivos que defienden derechos colectivos.
«Esta norma regresiva viola derechos humanos fundamentales como el acceso a la justicia, la libertad de asociación y participación de la sociedad civil y la defensa de los derechos indígenas, entre ellos el derecho a la autonomía y libre determinación, criminalizando a organizaciones que venimos defendiendo los derechos colectivos», reconocidos en los tratados e instrumentos internacionales que han sido suscritos por el Estado peruano», apuntaron en un pronunciamiento.
La protesta fue también contra la ley de amnistía e impunidad para militares y policías comprometidos en procesos judiciales en curso por crímenes y otros graves delitos cometidos durante el conflicto armado interno. La ley 32419 fue impulsada por el fujimorismo y fue promulgada sin ninguna reserva por la mandataria Dina Boluarte.
