Con la declaratoria de estado de emergencia para Lima y Callao, el presidente de la república en funciones, José Jerí Oré, decidió restringir el derecho fundamental a las reuniones en plazas y vías públicas, con lo cual, en el fondo, buscaría debilitar las movilizaciones sociales y la nueva marcha de protesta convocada para este sábado 25 de octubre.
Como es público, las últimas movilizaciones de la Generación Z han sido en protesta contra el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo, ahora encabezado por José Jerí Oré. Esto se hizo más explícito en la multitudinaria marcha del 15 de octubre, convocada por la Generación Z y los familiares de las víctimas de la represión de los años 2022 y 2023 del sur.
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Esta semana, la misma Generación Z difundió convocatorias en redes sociales, para una marcha pacífica para este sábado 25 de octubre, en solidaridad con el joven músico Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, quien fue asesinado por la Policía Nacional en inmediaciones de la Plaza Francia.
Es en este contexto que José Jerí Oré hizo el anuncio sobre la declaratoria en emergencia, en un escueto mensaje a la nación. El decreto publicado casi en simultáneo desarrolla las restricciones sobre determinados derechos para los ciudadanos de Lima y Callao.
Sin libertad para reuniones
El decreto supremo 124-2025, que regula el estado de emergencia, suspende el derecho fundamental a las reuniones pacíficas, el mismo que está consagrado en el numeral 12 del artículo 2 de la Carta Magna. Del mismo modo, queda limitado el derecho constitucional de libre tránsito (numeral 11, art. 2).
José Ragas, historiador peruano y actual catedrático en Chile, consideró que esta media busca desmovilizar a la ciudadanía y reducir las movilizaciones.
«El estado de emergencia anunciado por el Gobierno está pensado más para desmovilizar a la ciudadanía y reducir las protestas contra el régimen antes que una medida efectiva y coordinada para combatir las extorsiones y el sicariato», comentó en su cuenta personal en X (Twitter).
De hecho, el decreto del Ejecutivo faculta a la Policía Nacional del Perú mantener el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas, «para hacer frente a la criminalidad y otras situaciones
de violencia». Esto último puede constituirse nuevamente en una referencia a las protestas sociales.
Control de pirotécnicos
El decreto de José Jerí, en su política de lucha contra la inseguridad, también ha contemplado otras medidas como el desarrollo de operativos contra el uso, fabricación y comercialización de pirotécnicos. Así quedó establecido en el artículo 6 de la norma, que regula las acciones que adoptarán las fuerzas combinadas de la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas y el Serenazgo Municipal: realizar control y fiscalización de juegos pirotécnicos.
En realidad, esta medida se aproxima más a las acciones contra las nuevas protestas sociales; ya que personas vinculadas al régimen de turno han cuestionado el uso de artefactos pirotécnicos durante las últimas protestas.
