Líderes indígenas de Perú, Colombia, Brasil, Surinam, Kenia e Indonesia se reunieron en Lima para compartir sus perspectivas sobre la conexión con los bosques y las políticas forestales, durante la 11ª Reunión Anual de la Red de Bosques y Medios de Vida (Flare 2025). Este encuentro convocó también a científicos, empresarios y tomadores de decisiones. Fueron 280 participantes de 31 países, todos congregados por primera vez en un país de América Latina.
Durante su presentación, Manuel Pulgar Vidal, exministro del Ambiente y líder global de Clima y Energía de WWF, subrayó la importancia de implementar políticas ambientales efectivas en Perú y Latinoamérica, advirtiendo sobre el avance del negacionismo y los cambios políticos que amenazan la sostenibilidad. También resaltó la urgencia de una transición justa y ética en la acción climática.
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Al referirse a la minería ilegal, Pulgar Vidal calificó esta actividad como un problema político y criminal, que supera al narcotráfico en recursos e influencia, contribuyendo con la destrucción ambiental y afectando la estabilidad política de la región.
El exministro también hizo comentarios sobre controversias globales que dificultan alcanzar los objetivos climáticos, como la efectividad de los mercados de carbono y el riesgo de sabanización de la Amazonía. “La ciencia advierte sobre la sabanización de la región, mientras que Perú, Ecuador y Bolivia siguen dependiendo de combustibles fósiles”, cuestionó.
Gobernanza con evidencia científica
La Reunión Anual de la Red de Bosques y Medios de Vida permitió analizar cómo los conocimientos y la evidencia científica pueden mejorar la gobernanza forestal en Perú. En el encuentro se abordaron temas clave como la deforestación, el papel del Estado, el acceso a los recursos, el rol de los pueblos indígenas y sus comunidades. Además se analizó el crecimiento de las economías ilegales y la presión sobre la Amazonía, intensificada por la explotación petrolera y la minería ilegal, situación que exige compromisos urgentes.
Se resaltó también la relevancia del contexto y la necesidad de comprender la gobernanza de forma colaborativa. Esto incluye: Fortalecer la colaboración multiactor. Crear plataformas inclusivas que integren diversos sectores y niveles de gobierno. Además de implementar una gestión adaptativa que combine datos científicos con conocimientos locales.
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En cuanto a la institucionalidad y cumplimiento de la ley, los participantes formularon recomendaciones clave. En primer lugar, subrayaron la necesidad de garantizar una aplicación equitativa de la ley en todos los sectores, lo que implica un fortalecimiento de las capacidades en instituciones, con mecanismos de transparencia que aseguren que las sanciones se apliquen de manera efectiva.
Asimismo, plantearon incorporar la gobernanza indígena en los procesos de titulación y tenencia de tierras, reconociendo su rol esencial en la conservación. En la misma línea, consideraron vital fomentar una coordinación más estrecha entre el Ministerio del Ambiente y las organizaciones indígenas para promover la conservación de los bosques en territorios indígenas.
El rol indígena
La Red Indígena Jurisdiccional, una colaboración entre AIDESEP, CONAP y ANECAP, destacó por su innovadora propuesta de REDD+ Jurisdiccional, liderada por indígenas y centrada en áreas de Bosque Alto y Baja Deforestación.
Esta iniciativa, respaldada oficialmente por el Ministerio del Ambiente de Perú, fue reconocida en la COP 16 en Cali. El proyecto busca armonizar la conservación forestal con el reconocimiento de los derechos y conocimientos indígenas. Precisamente durante la conferencia, se compartieron experiencias sobre las dimensiones políticas, técnicas y financieras de la propuesta, enfatizando la importancia de este enfoque para la justicia climática y la conservación de la biodiversidad.
En la reunión, se subrayó la importancia de desarrollar una estrategia colaborativa que integre la ciencia, el sector público y privado, así como las comunidades indígenas, para abordar los desafíos ambientales en Perú. Por ejemplo, los compromisos del país contemplan la restauración de sus territorios naturales para el año 2030, con el objetivo de conservar el 30% de su territorio continental y el 10% de su espacio marino, además, de restaurar el 10% de las áreas degradadas, lo que implica que Perú debe recuperar 3.2 millones de hectáreas en la próxima década.
FLARE es una red liderada por el Instituto para el Desarrollo Global y la Universidad de Notre Dame y ha congregado a 1500 participantes de alrededor de 60 países en encuentros anteriores.
