A doce años de la entrada en vigencia del Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión Europea, el balance revela una brecha notable entre las promesas iniciales y los resultados observados. El tratado no ha producido la transformación económica, social y ambiental que tanto se anunció en el momento de su firma y su ratificación. Por el contrario, sus beneficios han sido acotados, desiguales y, además, acompañados de retrocesos normativos importantes.
En lo comercial, el TLC no ha generado un impacto significativo en el desempeño general del comercio exterior peruano. El intercambio con la Unión Europea no ha mostrado un crecimiento sostenido, y tanto exportaciones como importaciones han experimentado periodos de caída. Aunque la balanza comercial suele ser favorable a Perú, esta tendencia no ha sido constante ni tampoco suficiente para afirmar que el acuerdo impulsó un proceso estable de desarrollo exportador. Incluso el aumento de las exportaciones no tradicionales, que siempre es presentado como un gran logro, no ha ido acompañado de cambios estructurales en la economía peruana ni de condiciones laborales adecuadas.
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Un ejemplo emblemático es el agroexportador, que ha crecido en volumen y sobre todo en presencia internacional, pero sin traducirse en mejoras para los trabajadores y trabajadoras, ni para los territorios donde opera. Este crecimiento se apoya en una fuerte precarización del empleo, contratos temporales y obstáculos para la libertad sindical, lo que revela que el “éxito” comercial viene acompañado de profundas desigualdades. A esto se suma el uso intensivo del agua y la presión sobre ecosistemas frágiles, especialmente en zonas afectadas por estrés hídrico, donde las comunidades locales enfrentan los mayores impactos.
«Nada está escrito sobre piedra, y los acuerdos comerciales pueden y deben revisarse hacia un modelo que ponga en el centro a las personas, los territorios y el medio ambiente».
En materia ambiental, el TLC tampoco ha contribuido a fortalecer estándares o garantizar un desarrollo más sostenible. Por el contrario, el Estado peruano ha flexibilizado su normativa ambiental a lo largo de estos años con el fin de atraer inversiones, debilitando la gestión ambiental y reduciendo la protección de los territorios y de los pueblos indígenas. Estas medidas contrastan directamente con los compromisos del acuerdo que señala que ninguna de las partes debe reducir sus niveles de protección ambiental o laboral para favorecer el comercio o la inversión.
Por otro lado, el TLC con la Unión Europea cuenta con un mecanismo de participación de la sociedad civil que tampoco ha funcionado como un espacio real de diálogo o rendición de cuentas. A pesar de los esfuerzos de diversas organizaciones de sociedad civil, el mecanismo ha demostrado ser limitado, poco participativo y con escaso impacto en las decisiones de política pública.
Nadie niega la necesidad del comercio. Pero lo cierto es que la política comercial, tal y como se viene implementando, es una política de espaldas a la gente. Pero nada está escrito sobre piedra, y los acuerdos comerciales pueden y deben revisarse hacia un modelo que ponga en el centro a las personas, los territorios y el medio ambiente. Repensar este tipo de acuerdos es una tarea urgente para garantizar que el comercio no se construya a costa de los derechos y del bienestar de las poblaciones más vulnerables.
