Cuando una institución creada para proteger los derechos de los ciudadanos deviene en engranaje político, pierde su razón de ser. La elección en mayo de 2023 de Josué Gutiérrez Cóndor como defensor del pueblo marcó el inicio de un proceso de erosión institucional, cuyas consecuencias —ya visibles— exigen una reflexión rigurosa.
Vínculo con actores políticos
El nombramiento de Gutiérrez Cóndor estuvo respaldado por bancadas como Perú Libre y Fuerza Popular, hecho que activó críticas inmediatas: su hoja de vida no contenía experiencia relevante en derechos humanos, área clave para quien debe garantizar la defensa de los ciudadanos.
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Esa ausencia, su pasado político y su rol como abogado de personajes controvertidos —incluyendo antiguos clientes con investigaciones por corrupción— generaron dudas legítimas sobre su independencia frente al poder, ya que la Defensoría del Pueblo debía encarnar imparcialidad; lo que se obtuvo fue un defensor con historial político-partidario, expuesto a conflictos de interés.
Sustitución de técnicos por leales políticos
Entre junio y setiembre de 2023 renunciaron al menos cinco adjuntos clave: responsables de áreas como Niñez y Adolescencia, Derechos de la Mujer, Lucha contra la Corrupción, Asuntos Constitucionales y Primera Adjuntía. La salida de estos funcionarios se debió, según fuentes internas, a diferencias con la línea de gestión de Gutiérrez, y a su negativa de emitir pronunciamientos públicos sobre leyes polémicas aprobadas por el Congreso.
El defensor optó por reemplazar a dichos funcionarios por personas vinculadas políticamente —y en algunos casos sin los requisitos profesionales— con lo que se eliminó todo atisbo de una institución técnica y autónoma hacia una estructura funcional a intereses partidarios. Ese éxodo de talento significa pérdida de memoria institucional, debilitamiento del rigor técnico y —en consecuencia— menos capacidad para proteger derechos de manera efectiva.
«Josué Gutiérrez al frente de la Defensoría ha significado un giro dramático: de una institución autónoma y técnica a un órgano permeable al clientelismo político y funcional a proyectos de impunidad»
Impunidad y amnistías
En 2025, Gutiérrez presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32419 —conocida como ley de amnistía— norma que beneficia a policías y militares procesados por graves violaciones de derechos humanos. Esa acción fue duramente cuestionada por el sindicato interno de la Defensoría, víctimas, organizaciones de derechos humanos y familiares de desaparecidos, ya que legitima la impunidad de tales delitos atroces.
También tramitó la acción de inconstitucionalidad de la ley de extinción de dominio que permitió legitimar el patrimonio ilegal en el Perú y, recientemente, presentó la acción judicial en calidad de amicus curiae en favor de Daniel Urresti, sentenciado a 12 años de prisión por el homicidio del periodista Hugo Bustíos.
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En contraste con tales acciones, guarda silencio, por ejemplo, sobre las acciones ilegales de la JNJ o el TC en relación a impedir el retorno en el cargo de la fiscal suprema Delia Espinoza, dispuesto judicialmente.
Resulta especialmente grave que una institución creada históricamente para proteger a víctimas de violencia estatal se posicione, de facto, del lado de quienes buscan eludir justicia. Este giro socava la credibilidad de un sistema de derechos humanos que ya era frágil tras décadas de violencia interna.
Nombramientos irregulares
En junio de 2025, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional en contra de Gutiérrez por la presunta designación ilegal de una funcionaria en la región La Libertad, quien no cumplía con los requisitos del Manual de Cargos de la institución.
Este hecho concreta una laguna institucional y una grave violación del principio de mérito, eje de la buena administración pública. Si una institución que debe vigilar la legalidad incurre en irregularidades de ese tipo, su legitimidad se desmorona y su voz ética deja de tener peso real.
Pérdida de legitimidad moral
La acumulación de estos factores —vínculos políticos, sustitución de personal técnico, decisiones funcionales a intereses de impunidad, denuncias por irregularidades administrativas— construye un panorama preocupante:
a) La Defensoría ya no es un garante de derechos, sino un actor con agenda política.
b) Quien debió defender a las víctimas del conflicto y proteger a los sectores vulnerables parece preferir su permanencia institucional y los intereses de grupos de poder.
c) Para las víctimas, el organismo pasó de ser esperanza a símbolo de desilusión institucional.
Pierde el sistema democrático
La voz de la Defensoría, antaño moral y éticamente respetada, hoy parece diluida por presiones partidarias e intereses de poder. La trayectoria de Josué Gutiérrez Cóndor al frente de la Defensoría del Pueblo ha significado un giro dramático en la arquitectura de derechos en el Perú: de una institución autónoma y técnica, a un órgano permeable al clientelismo político, debilitado, tecnocráticamente deficiente y funcional a proyectos de impunidad.
El costo no es menor: la democracia pierde uno de sus pocos contrapesos reales, las víctimas pierden un aliado institucional y el Estado —teóricamente garante de derechos— refuerza sus capacidades de impunidad.
Si la Defensoría del Pueblo no recupera su independencia y legitimidad, el país quedará desprovisto de uno de sus mecanismos clave de protección y los derechos de los ciudadanos quedarán, otra vez, a merced del poder.
