Este 2026 es un año electoral en Perú. Las elecciones llegan en un contexto en el que la figura presidencial ha perdido importancia debido a una crisis política constante que ha tenido tres mandatarios en un periodo de solo cinco años y con un Congreso de la República con alto rechazo de la población.
Con este panorama político complejo, delitos como la minería ilegal, el narcotráfico, la deforestación y las amenazas a los pueblos indígenas en la Amazonía se han agudizado, mientras las políticas ambientales se debilitan. Expertos entrevistados por Mongabay Latam se preguntan qué tan importantes serán los temas ambientales para los postulantes al Palacio de Gobierno y al Parlamento.
Estos son los siete desafíos ambientales identificados para la agenda política peruana del 2026:
1. Minería ilegal
Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, advierte que la protección del medio ambiente no aparece en la agenda electoral, por el contrario, “encontramos voces de candidatos que se han presentado recientemente en el CADE [Conferencia Anual de Ejecutivos] con muchos guiños a la minería ilegal”.
“En un contexto electoral, me temo que el Congreso va a tener altos incentivos para ampliar el Reinfo —lo que implicaría extender los plazos a los mineros ilegales para continuar en la irregularidad— y, prácticamente, mantener al país en esta grave situación de afectación del ambiente y de los derechos de las personas más vulnerables”, comenta, por su parte, Alicia Abanto, ex defensora adjunta para el Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo.
2. Narcotráfico
El narcotráfico está directamente relacionado con la deforestación en los bosques amazónicos y las amenazas a quienes se oponen a esta actividad ilícita. De acuerdo con el informe oficial de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) sobre el Monitoreo de Cultivos de Coca de 2025, en Perú se han registrado más de 89 000 hectáreas de coca ilegal. El reporte también da cuenta del avance de este cultivo ilegal sobre 15 áreas protegidas y sobre más de 200 comunidades indígenas.
Raphael Hoetmer, director del Programa Amazonía Occidental de Amazon Watch, cree que se viene un proceso electoral complejo y considera que existe el riesgo de que pueda haber más violencia que en anteriores procesos electorales. “Creo que la presencia de representantes de intereses económicos locales vinculados a la minería ilegal, al narcotráfico y a otras actividades ilegales va a aumentar. Eso nos va a colocar en escenarios locales muy complicados”.
3. El crimen organizado
Tanto la minería ilegal como el narcotráfico están ligados al crimen organizado. Frente a esto, los expertos demandan también una estrategia más nítida al Estado para enfrentarlo. “Tendría que haber un cambio de estrategia para que realmente se persigan las organizaciones criminales. Con más inteligencia financiera, con un mejor posicionamiento de la Policía y de las Fuerzas Armadas en los territorios”, plantea Alicia Abanto. “El panorama es que en algunos lugares ya se puede hablar de una minería criminal”, agrega.
Raphael Hoetmer considera que se debe explorar mucho más en “la relación que hay entre la violencia, la inseguridad y las afectaciones al ambiente”, así como entre “la expansión de las economías ilícitas, la presencia del crimen organizado y la situación política en el país”, comenta.
“A mi juicio la única forma de hacer frente a la inseguridad en el país es creando alternativas económicas e inclusivas para la gente, y eso implica reforzar y fortalecer la gobernanza territorial comunitaria, particularmente indígena, y contribuir a protección de las personas que hacen frente a esas situaciones”, plantea el especialista.
4. Deforestación
Otro reto para Perú y que debería entrar en vigencia en 2026 es la Ley de Cero Deforestación de la Unión Europea. Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés), considera que es importante que los países exportadores e importadores tengan claro que es prioritaria la transparencia y la trazabilidad.
“Lo que se busca son procesos de transparencia y trazabilidad para poder documentar de dónde viene el producto que se está exportando y garantizar que esa producción haya sido legal, sin generar deforestación”, en ese sentido, Urrunaga comenta que los cambios que establecen la nueva Ley Forestal, denominada por muchos ambientalistas como Ley Antiforestal, no favorece esta transparencia.
5. Pueblos indígenas
Actualmente en Perú 15 naciones originarias de la Amazonía han establecido sus autonomías o están en proceso de hacerlo. En este camino, los pueblos indígenas reclaman un marco jurídico que les permita ejercer su autonomía, autogobierno y proteger sus tierras y cultura de manera legal.
“Reconocer los derechos de los pueblos indígenas, implementar los tratados internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas para que los pueblos se autogobiernen y que el Estado trabaje con los pueblos de una forma efectiva y descentralizada es a lo aspiramos como gobierno territorial autónomo”, señala Gil Inoach Shawit, pamuk (presidente) del Gobierno Territorial Autónomo Awajun (GTAA).
Tabea Casique, secretaria de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), agrega que el Gobierno que asuma en julio de 2026 “debe considerar una agenda ambiental y de derechos de los pueblos indígenas con cambios concretos, que sea medible y participativa y que sea vinculante de acuerdo nuestra realidad”.
6. Defensores ambientales
Para Mariano Castro, ex viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio de Ambiente, es también de suma importancia “mejorar las capacidades del mecanismo de protección de personas defensoras, porque la presencia de actividades ilegales daña territorios y personas que están respondiendo con lo que tienen y con lo que pueden y eso no puede ocurrir”.
“Si bien el número de asesinatos en 2025 ha sido menor que en los años anteriores, el nivel de amenaza sigue siendo muy alto y constante, y el nivel de acción estatal frente a ellos sigue siendo también muy bajo”, señala, por su parte Raphael Hoetmer.
7. Compromisos ambientales
Las próximas autoridades tendrán también como tarea revisar los compromisos ambientales internacionales. Perú firmó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, en 2018. Sin embargo hasta el momento el Congreso de la República no lo ha ratificado.
De igual forma, en junio de 2025, el Gobierno peruano suscribió el Acuerdo de Alta Mar, el mismo que también debe ser ratificado por el Congreso de la República.
“A nivel internacional dos temas están hace mucho tiempo en agenda: la aprobación del Acuerdo de Escazú, que no lo hemos ratificado hasta la fecha. Y la aprobación del Tratado de Altamar”, comenta Isabel Calle, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).
A estos dos compromisos pendientes se suma la ya mencionada Ley de Cero Deforestación de la Unión Europea para contrarrestar el grave problema de la deforestación en el Perú.
* Puedes leer el reportaje periodístico completo publicado en el sitio web de Mongabay Latam.
