La Contraloría General de la República encontró responsabilidades en 10 funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por la irregular contratación de la empresa de transporte Galaga, que demoró en distribuir el material electoral afectando la instalación de mesas de sufragio en Lima y Callao, dentro de la primera vuelta electoral, el pasado 12 de abril.
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De acuerdo con el informe de control, se detectaron tres hechos anormales en la gestión del proceso electoral: presunto favorecimiento en la adjudicación de la empresa Galaga en el servicio de transporte, deficiencias en el traslado y distribución de los equipos informáticos, y prestaciones adicionales sin sustento técnico.
En las tres alteraciones estarían comprometidos el ex gerente de Gestión Electoral José Samamé Blas y el suspendido subgerente de Producción Electoral Juan Phang Sánchez.
Asimismo, la investigación también alcanza al expresidente de la ONPE Piero Corvetto Salinas y a los servidores públicos Lilia Flores Bancho, Wiliam García Velásquez, Milagros Aguilar Ticona, Roberto Carlos Montenegro Vega, Jesús Félix Atuncar, Juan Enrique Pestana Uribe y Edward Alarcón González.
En ese sentido, la Contraloría decidió tomar acciones penales contra los 10 funcionarios, las cuales serán determinadas por la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. ¿Qué halló el ente fiscalizador?
Favorecimiento a la empresa Galaga
Desde la Gerencia de Gestión Electoral y la subgerencia de Producción Electoral favorecieron «indebidamente» a la empresa Galaga. Según el reporte, ambas instancias omitieron información relevante en el término de referencia para el servicio de transporte.
No determinaron la cantidad real de camiones que se necesitaban para el traslado de los materiales electorales, a pesar de que los máximos responsables de estas gerencias tenían conocimiento de las unidades mínimas requeridas. Al respecto, los ofertantes debían tener entre 68 a 400 unidades propios. Sin embargo, la empresa Galaga presentó 40 propias y 437 de terceros.
Del mismo modo, tampoco actualizaron la reducción de las medidas -en dos metros- sobre el largo de los vehículos. Asimismo, eligieron a la empresa que proponía una oferta superior entre los postores: S/6’368,332.75 sobre los S/5’898,928.66 que propuso el Consorcio AFE.
Deficiencias en el traslado y distribución del material electoral
En este punto, la Subgerencia de Infraestructura, la Gerencia de Informática, la Subgerencia de Producción Electoral y la Gerencia de Gestión Electoral permitieron el traslado de equipos informáticos utilizados en las jornadas de capacitación como contingencia para el proceso electoral del 12 de abril. Estos no fueron revisados ni gestionados para cubrir la demanda de laptops.
También detectó que, a menos de 14 horas para el inicio de las instalaciones de la mesas de sufragio, se ordenaron la reprogramación de rutas que comprendían 553 locales de votación. La decisión afectó en la hora de entrega de los materiales y equipos en 3603 cabinas de votación y la no apertura de 187 perjudicando a 55,261 electores ese domingo.
La Contraloría concluyó que las acciones tomadas trasgredieron el Plan Operativo Electoral.
Irregular prestación adicional
Por último, los funcionares de la Subgerencia de Producción Electoral, Gerencia de Gestión Electoral, Subgerencia de Logística, Gerencia de Asesoría Jurídica y Gerencia de Administración de la ONPE aprobaron -entre el 7 y 9 de abril- prestaciones adicionales por más de S/ 650 mil sin contar con sustento técnico ni legal que justificara dichos gastos.
Estas ampliaciones fueron autorizadas pese a que parte del servicio ya había sido ejecutado desde el 5 de abril, luego de culminada las jornadas de capacitación electoral.
Adicional a ello, autorizaron el incremento injustificado en el precio del servicio de repliegue de los equipos electorales. Esta pasó de S/0.60 por kilogramo a S/6 por el mismo peso, lo que representa un incremento de 900% respecto al contrato original.
La Contraloría indicó las decisiones tomadas vulneraron las normas de contratación pública y principios de legalidad e imparcialidad, beneficiando al contratista y afectando la legalidad del proceso electoral.
