La denuncia penal reportada por el procurador de orden interno, Moisés Vega de la Cruz, contra distintos ciudadanos y comunicadores en el contexto de las movilizaciones sociales convocadas en Lima ha generado rechazo desde distintos frentes. El acto ha sido calificado como la reafirmación del pacto que existe entre Fuerza Popular y el gobierno de turno liderado por José Balcázar, miembro de la bancada Perú Libre.
Vega de la Cruz presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra la periodista Claudia Cisneros y también contra César Hugo Tito Rojas, Lucio Ccallo Ccallata, Hernando Cevallos Flores, Pavel Yábar Gonzales, Andrea Lía Valderrama Campos, Elizabeth Flores y Luz del Carmen Bazalar Miranda. La denuncia también comprende al condenado por homicidio calificado de policías Antauro Humala.
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Todos ellos fueron denunciados por el delito de perturbación de la tranquilidad pública. El sustento de esta acción judicial es un informe policial que el procurador cita, además de otros supuestos elementos de convicción recabados por su despacho.
La denuncia se hizo pública en el contexto de las convocatorias a movilizaciones desde un sector de la ciudadanía que está disconforme con los resultados de la segunda vuelta y los reajustes normativos realizados por la ONPE en pleno proceso electoral, con relación al sistema de conteo digitalización de las actas de la votación en el extranjero, donde resultó con mayor votación Keiko Fujimori.
El pacto mafioso que cogobierna
“Esta denuncia es como volver a los noventa y confirma además el pacto mafioso. El gobierno supuestamente de izquierda del presidente Balcázar no tendría por qué empapelar a personas que convocan o están de acuerdo con una protesta social pacífica”, comentó sobre el tema el abogado de derechos humanos Juan José Quispe.
El abogado cuestiona además que la denuncia sea presentada por un despacho ligado a la Policía Nacional y, sobre la marcha, será el personal de esa misma institución la que asumirá las diligencias de investigación. «Es muy grave esta denuncia. Se vienen tiempos complicados», aseveró Quispe, al tiempo de recordar que el Ministerio Público, dirigido por Tomás Aladino Gálvez, tampoco genera garantías de autonomía.
La misma periodista Claudia Cisneros expresó su rechazo a la denuncia. «Expresar opiniones políticas, cuestionar a las autoridades, advertir sobre riesgos para la democracia o respaldar movilizaciones ciudadanas pacíficas no son delitos: son actos legítimos de participación política y libertad de expresión», expresó en un comunicado.
Ruth Luque, parlamentaria reelegida para el siguiente periodo como senadora, comentó: «La expresión de opiniones sobre la situación actual del país, respaldar una protesta o participar en ella, no es una amenaza, no es delito ni pueden ser objeto de persecución. Mi rechazo a estas actuaciones de la Procuraduría que claramente responde a una consigna política de criminalización».
La ciudadana denunciada Lía Valderrama cuestionó que el personal policial, la Procuraduría y el Ministerio del Interior no tenga otras prioridades como la crisis de inseguridad. Recordó que en la actualidad el Perú asiste a un copamiento institucional y hay «una coalición mafiosa» que busca adueñarse del país. «Hacer estas críticas no son ningún delito», enfatizó.
Carlo Magno Salcedo, dirigente nacional del partido Ahora Nación, también protestó contra la denuncia tramitada por el procurador Moisés Vega de la Cruz: «En el actual contexto político, esta acción debilita el Estado de derecho y solo añade tensión, enturbia el clima social y profundiza la desconfianza ciudadana
