La Asociación de Familiares de los Asesinados y Heridos del 15 de diciembre de 2022 en Ayacucho (ASFAH) expresó hoy su rechazo e indignación por la decisión del fiscal de la nación interino y afín al fujimorismo, Tomás Gálvez Villegas, de desactivar el equipo especial del Ministerio Público que tenía a su cargo la compleja investigación de los crímenes cometidos por el Ejército y la Policía Nacional durante las protestas sociales del 2022 y 2023.
Tomas Gálvez Villegas concretó este martes la desactivación del Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (EFICAVIP), junto con otros tres equipos especialización en la lucha contra la corrupción en casos emblemáticos (Cuellos Blancos, Lava Jato y Eficcop).
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«La desactivación del EFICAVIP constituye un grave retroceso para el sistema de justicia, en tanto implica la fragmentación de investigaciones complejas y de alta sensibilidad, con el consiguiente reinicio y dilación de los casos, prolongando injustificadamente el acceso a la verdad y la justicia para las víctimas y sus familiares«, expresan los familiares de las víctimas del 15 de diciembre del 2022.
La asociación de familiares destaca que el EFICAVIP había realizado un trabajo continuo de dos años y siete meses, bajo la dirección de una misma fiscal (Mirela Coronel Morelo), quien recabó información relevante en 146 tomos y a la fecha hay diligencias pendientes por realizar.
Los familiares apuntan además que la decisión de Tomás Gálvez contraviene el Principio de no Arbitrariedad del Código de Ética del Ministerio Público y «transmite una señal alarmante respecto al compromiso internacional que el Estado tiene con obligación de esclarecer los hechos que afectaron de manera irreparable la vida y la integridad de ciudadanos y ciudadanas en el contexto de protestas sociales».
Amnistía Internacional
Amnistía Internacional en Perú también ha expresado su rechazo a esta decisión de Gálvez, ya que «podría afectar la especialización, continuidad y avances en las investigaciones de una de las violaciones de derechos humanos más graves de la historia reciente del Perú, impactando el acceso a la justicia de las víctimas, e incrementando la impunidad».
La organización recuerda que «la creación de este equipo respondió a la necesidad de contar con fiscales especializados en derechos humanos a dedicación exclusiva».
«A tres años de los asesinatos, instamos a las autoridades a fortalecer, y no debilitar, las investigaciones para garantizar el derecho a la verdad, justicia y reparación integral de las víctimas y sus familias, así como las garantías de no repetición para toda la población», subraya Amnistía Internacional, tomando en cuenta que este 9 enero se cumplen tres años de la masacre contra civiles que cometió la Policía Nacional en Juliaca.
La decisión de Tomás Gálvez es adoptada en un contexto de ataques sostenidos del fujimorismo y otras fuerzas políticas afines contra los fiscales y el sistema de justicia en general.
