Legisladores de ocho partidos con presencia en el Congreso ratificaron esta mañana un informe final sin sustento de fondo, con el propósito de inhabilitar por diez años a la fiscal suprema Delia Espinoza. El acuerdo fue adoptado con especial celeridad en la Comisión Permanente, en circunstancias en que el Poder Judicial ha dispuesto su reposición en el cargo de Fiscal de la Nación.
La decisión deja en evidencia claras incongruencias, ya que solo se decidió inhabilitar a Delia Espinoza, mientras que los otros tres denunciados Carlos Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos fueron temporalmente salvados; a pesar de que los hechos atribuidos son los mismos.
TE PUEDE INTERESAR: Seis partidos del Congreso aprueban dictamen para ampliar Reinfo hasta diciembre del 2027 | Votación
De este modo, queda en mayor notoriedad la persecución política y la desesperación de la mayoría congresal para apartar a Delia Espinoza del Ministerio Público y, en contraparte, mantener como fiscal de la nación a Tomás Gálvez; un abogado muy afín a los intereses subalternos de los partidos que dominan el Parlamento.
El procedimiento
Este proceso para alejar a Delia Espinoza del Ministerio Público desde el Congreso tiene como origen una denuncia presentada el 24 de octubre del 2024 por Fuerza Popular (Fernando Rospigliosi) y congresistas que hacen las veces de satélites del partido naranja (José Cueto y Alfredo Azurín de Somos Perú).
El 21 de abril de este año, la bancada Alianza Para el Progreso (María Acuña), que tiene a su cargo la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presentó un informe de calificación para avanzar con el proceso.
El acto de investigación terminó recayendo en manos de Jorge Montoya, otro personaje útil para los intereses del fujimorismo. Este legislador elaboró un informe final con la propuesta de inhabilitación por diez años de los cuatro denunciados: Carlos Villena, Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Delia Espinoza.
Este informe final fue aprobado por la SAC, presidida ahora por Lady Camones (APP), el pasado 18 de noviembre y de inmediato el caso fue agendado para ser ratificado en la Comisión Permanente, tal como ocurrió este martes 25.
Vacíos e incongruencias
¿Qué pretexto encontró el fujimorismo para denunciar a los cuatro fiscales supremos? La emisión de una resolución de la Fiscalía de la Nación (número 2246-2024), como reglamento de la ley 32310. Esto fue asumido como afrenta desde el Congreso, pues se estaba poniendo pautas con relación a la norma que traslada a la Policía Nacional la función de la investigación.
El informe final concluye que los cuatro fiscales cometieron supuesta infracción constitucional, al contravenir el reparto de funciones con la Policía Nacional. En términos penales, se menciona la presunta comisión del delito de usurpación de funciones operativas, entre otros.
El documento, sin embargo, evita hacer referencia a un documento clave sobre estos hechos. Se trata del informe 0003-2025-MP de la Secretaría de la Junta de Fiscales Supremos. Aquí se hace mención de que entre los meses de setiembre y noviembre del 2024, esta instancia nunca abordó la emisión del reglamento que ahora es cuestionado por el Congreso.
Es decir, no hubo participación de los cuatro fiscales supremos en la emisión del reglamento. El documento publicado en El Peruano solo tiene la firma del entonces fiscal de la nación, Carlos Villena, quien se respaldó en la autonomía constitucional del Ministerio Público para dicho acto, según se desprende de la parte considerativa.
En la misma norma publicada en El Peruano solo se hace mención al visto bueno de oficinas internas como asesoría legal del Ministerio Público, pero en ningún extremo se precisa que hubo participación del pleno de la Junta de Fiscales Supremos. A pesar de estos vacíos, Jorge Montoya atribuyó responsabilidad a los cuatro fiscales y los miembros de la SAC aprobaron sin mayor debate el informe con nueve votos a favor.
Persecución direccionada
Este martes 25 de noviembre, en la sesión de la Comisión Permanente, la mayoría de legisladores hizo más notoria su persecución política contra Delia Espinoza, pues solo acordaron inhabilitarla a ella, a pesar de que no tuvo participación en la emisión de la cuestionada resolución.
En cambio el fiscal supremo Carlos Villena, autor directo de la resolución, fue salvado. (Lo mismo ocurrió con Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez, quienes tampoco tenían vinculación con los hechos denunciados).
Durante la sesión, los miembros de Fuerza Popular Arturo Alegría, Martha Moyano, César Revilla y Patricia Juárez se quedaron mudos cuando se sometió a votación las propuestas de inhabilitación para Villena, Sánchez y Ávalos. Sus aliados de APP (Camones y Marticorena) jugaron a la abstención. Lo mismo ocurría con Renovación Popular.
Pero cuando se llamó a votación para inhabilitar a Delia Espinoza, los fujimoristas recién aparecieron para emitir su voto a favor. Lo propio hicieron los grupos satélites del fujimorismo como APP, Renovación Popular, Acción Popular, Podemos Perú, Avanza País y hasta Somos Perú. El partido del prófugo Vladimir Cerrón, Perú Libre, también se sumó a la comparsa de la persecución con los votos a favor de Flavio Cruz y María Taipe.
Golpe institucional
La fiscal suprema Delia Espinoza calificó lo ocurrido en la Comisión Permanente como un quiebre del estado constitucional. “Miren la manera cómo han votado: en un caso en el que yo no he tenido ninguna participación, todo está en los documentos que se han hecho entrega a la SAC. Es un reglamento que no ha sido elaborado en la Junta de Fiscales Supremos. Yo no he participado en esa elaboración ni en la aprobación de ese reglamento”, insistió.
“No he intervenido en nada y estos señores del Congreso lamentablemente están consumando una venganza política contra mi persona, por haber hecho mi trabajo con objetividad, con arreglo a la ley, a la Constitución. No me perdonan haber presentado denuncias contra varios de ellos de manera sustentada. Ellos son juez y parte. Ellos me persiguen, me inventan casos”, protestó en declaraciones ante la prensa.
Entre tanto desde la sociedad civil, la reacción sigue siendo opaca; lo mismo que el accionar de los colegios profesionales del Derecho. Solamente el Colegio de Abogados de Ayacucho emitió un comunicado inmediato donde alertan que la decisión de la Comisión Permanente “no es un medida jurídica sino de complicidad por controlar el Ministerio Publico y favorecer al actual fiscal de la nación interino Tomás Aladino Gálvez Villega, vinculado a graves proceso penales”.
La orden profesional alerta a los organismos internacionales defensores de los derechos humanos "sobre los actos que el Congreso de la Republica del Perú adopta para asaltar las diversas instituciones democráticas del Perú y desarrollar un plan encaminado a perseguir a las autoridades del sistema de justicia".
* Informe publicado en alianza con el portal Congrezoo.pe.
Síguenos en nuestras redes
 |
|
 |
|
 |
TikTok |
 |
X (Twitter) |
 |
Canal de WhatsApp |
