En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, líderes, lideresas, especialistas y organizaciones sociales alertaron esta semana sobre la grave contaminación que afecta a las cuencas hidrográficas de La Libertad y Lima, cuyas aguas abastecen a regiones del norte y sostienen economías agrícolas y ganaderas.
Según advirtieron, la expansión de actividades mineras formales, informales e ilegales, sumada a una fiscalización ambiental estatal débil y fragmentada, están comprometiendo derechos fundamentales como la vida y la salud, y la integridad de los ecosistemas.
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Cuencas en riesgo que dan vida al norte peruano
Durante la conferencia de prensa, el biólogo Manuel Hora, del equipo técnico de AMAS Marianistas, presentó los resultados de más de 20 años de monitoreo ambiental comunitario (acreditados por laboratorios) en tres cuencas estratégicas:
- El Perejil (que alimenta el río Chicama – La Libertad): episodios recurrentes de superación de estándares de calidad ambiental.
- Caballo Moro (que sostiene el río Santa – Áncash): procesos de acidificación del agua.
- Chuyugual (afluente del río Crisnejas – Cajamarca que también alimenta el río amazónico Marañón): la situación más crítica, con presencia de nitratos, sulfatos, nitrógeno amoniacal y cianuro, asociado a la expansión minera.
Manuel Hora apuntó que los impactos evidenciados no son menores: estas cuencas abastecen a comunidades campesinas y zonas urbanas, actividades ganaderas, agrícolas y a ciudades de tres regiones, además de contribuir a la cuenca amazónica a través del Marañón.
Un territorio saturado por concesiones y presiones extractivas
La Libertad es hoy uno de los departamentos más concesionados del país: 43 % del territorio está entregado a la actividad minera. En la zona de estudio existen 154 concesiones, cubriendo más del 90 % del área monitoreada, muchas de ellas superpuestas entre sí.
El informe científico registró 6 883 operadores inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), con una fuerte presencia de operaciones informales y zonas donde la minería ilegal se ha consolidado. A la vez, advierte que 87 de cada 100 centros poblados podrían estar expuestos a contaminación ambiental.
En ese contexto, proyectos como Lagunas Norte (antes Barrick, hoy Boroo), con antecedentes de sanciones y uso intensivo de cianuro, siguen solicitando ampliaciones. En Chuyugual se reportaron concentraciones de cianuro que superan por más del 1000% los estándares de calidad ambiental para agua, además de metales pesados como mercurio y cadmio. Las operaciones de oro y plata utilizan el cianuro para su procesamiento.
Lima: el Rímac en riesgo
La lideresa Betzabé Vásquez, de la Asociación por la Defensa del Medio Ambiente de la cuenca del Rímac y de la Coordinadora Nacional de Vigilantes y Monitores Ambientales del Perú, sostuvo que las comunidades de la sierra central viven una situación similar.
“Somos el 80 % campesinos y estamos expuestos a relaves mineros frente a la indiferencia del Estado. El Rímac abastece a Lima y Callao, pero no existe un plan real de prevención. Ante un sismo o huaico, los relaves pueden deslizarse y poner en peligro a toda la ciudad”, advirtió.
También recordó que el Plan Especial Multisectorial para personas expuestas a metales tóxicos no avanza, pese a que más de 10 millones de peruanos están en riesgo. “No hay toxicólogos, no hay tamizajes, no hay atención”, enfatizó. Asimismo, mencionó como referencias las recientes declaratorias de ríos como sujetos de derechos, experiencias que podrían abrir el camino para exigir lo mismo para el río Rímac y otras fuentes de agua.
Territorios vulnerables y un Estado ausente
La rondera campesina de la provincia de Santiago de Chuco – La Libertad y defensora ambiental, Victoria Fernández, denunció que las lagunas vienen muriendo, la agricultura se está deteriorando y los niños presentan metales pesados en el cuerpo.
“Somos vigilantes ambientales formados por nuestras comunidades. Sabemos cuándo el agua está viva y cuándo está contaminada. El cianuro está matando nuestras acequias y lagunas”, afirmó. También pidió que los ríos sean reconocidos como sujetos de derechos.
El padre Víctor Alberto Müller, de la Compañía de María Marianistas, recordó que este acompañamiento comunitario inició hace más de 20 años, cuando las comunidades se organizaron frente al proyecto Lagunas Norte, en ese entonces administrado por Barrick Michiquillay. “La desprotección continúa”, señaló.
Por su parte, Jaime Borda, secretario ejecutivo de Red Muqui, sostuvo que el país vive un retroceso grave en materia de derechos humanos. “La salud ambiental y la salud humana no son prioridad para el Estado. Por eso las comunidades deben venir a Lima a exigir lo que debería ser un derecho garantizado”, añadió.
Un problema estructural, no aislado
Los panelistas coincidieron en que la contaminación minera está estrechamente vinculada con la pobreza, la desigualdad territorial y la débil institucionalidad estatal. Mientras no existan políticas de prevención, fiscalización efectiva y un ordenamiento territorial vinculante, los conflictos sociales y afectaciones seguirán expandiéndose.
Al cierre de la conferencia, se presentó el libro elaborado por AMAS Marianistas, en alianza con Red Muqui, que sistematiza estos 20 años de monitoreo y plantea acciones urgentes para garantizar el derecho al agua, a la salud y a un ambiente sano en La Libertad, Lima y las regiones del norte.
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