La candidata Keiko Fujimori y Miguel Ángel Torres fueron denunciados penalmente ante la Fiscalía de la Nación, por el presunto delito de conspiración para rebelión, tras las declaraciones públicas formuladas por el asesor y hombre clave del fujimorismo en el Congreso, respecto de la denominada suma de esfuerzos para sacar a Pedro Castillo de Palacio.
PUEDES LEER: Fiscalía pide 10 años de cárcel para PNP Luis Magallanes por asesinato de Eduardo Ruiz «Trvko»
La denuncia fue formulada desde Ayacucho por el abogado Rubén Quispe Ventura quien apunta que hubo un plan criminal y división funcional de roles para quebrar la legalidad constitucional y deponer de facto al expresidente Pedro Castillo. El recurso exige la apertura inmediata de diligencias preliminares contra una veintena de altos funcionarios del Estado, incluye la congresista Martha Moyano, la fiscal Patricia Benavides y el exmiembro de la Policía y recientemente elegido diputado Harvey Colchado.
Además del tipo penal de conspiración para rebelión, la denuncia incluye un catálogo de delitos que pide a la autoridad fiscal investigar: delitos contra la libertad individual en la modalidad de secuestro agravado, abuso de autoridad, omisión de actos funcionales, prevaricato, avocamiento ilegal de causa pendiente y usurpación de funciones en agravio del orden constitucional y Pedro Castillo.
Fase A: el fujimorismo
La acusación sitúa en el núcleo de la denominada «Fase A: Actos preparatorios o conspirativos» un rol protagónico e instigador al fujimorismo. En la denuncia, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, es señalada como presunta autora mediata por haber dirigido de manera sistemática y vertical la voluntad de su bancada parlamentaria y aliados políticos con el firme objetivo de forzar el derrocamiento institucional del presidente electo.
Dentro de este esquema, Miguel Ángel Torres Morales es identificado de forma directa como un articulador clave (extraneus) encargado de coordinar las facciones políticas y estatales. La denuncia sostiene que, a partir de abril de 2022, se generó un acuerdo clandestino de voluntades (pactum sceleris) entre la facción parlamentaria dirigida por Martha Moyano Delgado, el propio Miguel Torres y el subsistema del Ministerio Público que lideraba la entonces Fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas.
Este bloque político-fiscal habría tenido como propósito instrumentalizar las facultades de la investigación penal ordinaria para socavar la legitimidad del Poder Ejecutivo y forzar la deposición de Castillo al margen de los mecanismos del antejuicio constitucional. La acusación enfatiza que esta presunta concertación interinstitucional ilegal no es una especulación, sino que fue «confirmada públicamente por el propio imputado Torres Morales».
Asimismo, la denuncia subraya un hito clave en la ofensiva fujimorista ocurrido el 11 de septiembre de 2022, fecha en la que Keiko Fujimori emitió directrices públicas e instrucciones jerárquicas imperativas a sus cuadros operativos intermedios durante un evento partidario en el Callao. En dicha oportunidad, según un video difundido por Epicentro TV, la lideresa amenazó con la consigna: «si es que el presidente Castillo no quiere renunciar, entonces lo tienen que vacar; y si no lo van a vacar, entonces ¡todos se tienen que ir!«
Para el denunciante, este pronunciamiento público de la jefa de Fuerza Popular superó el libre ejercicio de opinión y activó conscientemente los engranajes legislativos. La directiva partidaria decantó presuntamente en la supresión absoluta de las garantías del debido proceso y de la defensa del mandatario, utilizando a los congresistas de su agrupación política como piezas de una maquinaria diseñada para ejecutar una vacancia exprés armada y judicializada.
PUEDES LEER: Hallan responsabilidad en 10 funcionarios de ONPE por irregularidades de primera vuelta en Lima
La Fase B
La denuncia también describe acciones militares y policiales encuadradas en la «Fase B: Ejecución Material». Según el recurso, la noche del 6 de diciembre de 2022 —horas antes del mensaje a la Nación de Castillo— el Jefe del Comando Conjunto de las FF.AA., Manuel Gómez de la Torre, coordinó una videollamada clandestina con mandos territoriales para ordenar el desconocimiento del mandato presidencial, lo que a criterio del denunciante acredita un dolo conspirativo preordenado con el bloque opositor.
La denuncia describe los eventos del 7 de diciembre de 2022, calificando la detención del exmandatario en la vía pública como un «secuestro y asalto armado» perpetrado por contingentes de la SUAT, quienes encañonaron el vehículo presidencial bajo la supuesta coordinación de la fiscal Marita Barreto y el equipo policial del EFICCOP.
Se argumenta que esta privación de la libertad (13:20 horas) ocurrió de forma ilegal, sin flagrancia ni orden judicial y precedió temporalmente al propio desafuero parlamentario. (De hecho, para entonces, Castillo ya había dado lectura al mensaje presidencial anunciando el golpe de estado).
El documento denuncia un presunto «fraude procesal» en la sesión del Pleno del Congreso celebrada a las 13:49 horas, donde la Mesa Directiva, integrada por José Williams y la fujimorista Martha Moyano, dio por aprobada la vacancia presidencial con un quórum ilegal de 101 votos. Con ello, se habría infringido de manera manifiesta el artículo 89-A del Reglamento del Congreso, el cual exigía imperativamente una mayoría calificada de 104 votos para omitir los trámites de un proceso regular y el derecho a la defensa.
La Fase C
Finalmente, la acción legal arremete contra el sistema de justicia en la «Fase C: Consolidación y Encubrimiento» (período 2022-2025), acusando a los magistrados de la Corte Suprema, como César San Martín y Juan Carlos Checkley, y al Tribunal Constitucional de operar como brazos de legitimación jurídica. Se les imputa haber dictado detenciones y emitido fallos de blindaje institucional para consagrar la impunidad de la coalición delictiva y mantener a Pedro Castillo en un confinamiento penitenciario de facto.
