El Instituto de Defensa Legal (IDL) cuestionó la suspensión por seis meses del juez Richard Concepción Carhuancho dictada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y calificó la medida como “uno de los ataques más graves y peligrosos contra la independencia judicial y el Estado de derecho ocurridos en los últimos años en el Perú”, según un pronunciamiento difundido este jueves.
La organización sostuvo que la actual composición de la JNJ ha orientado su actuación a “suspender, destituir o impedir la continuidad de jueces y fiscales” que, en años recientes, emitieron resoluciones o impulsaron investigaciones que comprometían responsabilidades penales y políticas de diversos actores. Según el IDL, dichas actuaciones habrían afectado a sectores que actualmente forman parte del “pacto de poder que controla el Congreso de la República y que tiene en el fujimorismo a uno de sus principales beneficiarios”.
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En el documento, el IDL afirmó que la suspensión de Concepción Carhuancho constituye “un nuevo episodio de una política sistemática de represalias contra quienes actuaron con independencia en la administración de justicia”. Como parte de esa argumentación, mencionó los casos de los exfiscales Pablo Sánchez Velarde, Delia Espinoza Valenzuela y José Domingo Pérez Gómez, así como el del exjuez superior José Ordóñez Alcántara.
La institución señaló además que existe un “patrón de actuación” por parte de la JNJ y sostuvo que este organismo habría dejado de actuar “como garante de la institucionalidad” para convertirse en “un instrumento de persecución y ajuste de cuentas al servicio de intereses políticos”.
Persecución fujimorista
Respecto al caso específico de Concepción Carhuancho, el IDL indicó que las razones de la suspensión deben buscarse en las resoluciones que el magistrado emitió en procesos relacionados con Keiko Fujimori y Fuerza Popular. Asimismo, remarcó que la intervención de la JNJ se originó a partir de una denuncia promovida por Fernando Rospigliosi, actual presidente del Congreso.
El pronunciamiento también cuestionó declaraciones atribuidas a Rospigliosi sobre el sistema de justicia y advirtió que los hechos ocurren en un contexto político en el que “el fujimorismo aparece nuevamente con posibilidades de alcanzar el Poder Ejecutivo”. En esa línea, consideró que la decisión representa “una advertencia” sobre los riesgos que enfrenta la democracia peruana.
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El IDL sostuvo además que la medida no solo afecta al magistrado suspendido, sino que busca “disciplinar al conjunto del sistema judicial”. Como ejemplo, la organización señala que uno de los cargos formulados contra el juez Concepción Carhuancho está relacionado con la inaplicación de la ley de prescripción de crímenes de lesa humanidad mediante el control de convencionalidad, una obligación derivada de compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano.
Finalmente, la organización afirmó que la independencia judicial es una condición indispensable para la existencia del Estado de derecho y consideró que la JNJ “ha cruzado una línea que compromete gravemente su legitimidad y su razón de ser”. Según el IDL, el organismo se ha convertido en “una herramienta de captura política de la justicia” y en uno de los principales factores de deterioro democrático en el país.
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