Organizaciones sociales presentan declaración para un nuevo pacto social

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En el contexto de crisis política que enfrenta el país y las elecciones generales en curso, organizaciones de base de las regiones del norte y el sur, junto a delegaciones amazónicas, se reunieron en Lima y presentaron la Declaración para un Nuevo Pacto Social. La propuesta contempla como tema de fondo la elaboración de una nueva Constitución, construida desde las bases sociales, con un modelo económico mixto con participación del Estado para garantizar los derechos sociales y de la naturaleza, y políticas eficaces para salir de la pobreza.

Las organizaciones sociales de base, junto con rondas campesinas y urbanas, defensores ambientales e Instituciones de la sociedad civil llegaron al encuentro de Lima previo desarrollo de jornadas de diálogo en sus bases regionales. El Encuentro Nacional en Lima desarrollado hace una semana tuvo como eje central de debate el cambio constitucional y del modelo económico, con participación activa de los movimientos ciudadanos en los procesos deliberativos y en la toma de decisiones.

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Voces contra el modelo actual

Sandro Vásquez, de las Rondas Campesinas de la provincia de Hualgayoc, Cajamarca, señala que la actual Constitución solo representa a pequeños grupos de intereses económicos que dominan el país: “Los recursos estratégicos deben estar controlados por el Estado para beneficiar a las grandes mayorías y no solo a los empresarios que viven a costa de nuestros recursos, destruyendo nuestras cabeceras de cuencas y afectando el derecho al agua”.

Fausto Torres, dirigente de la FERCCAPA (Federación Regional de Comunidades Campesinas y Productores Agropecuarios de Apurímac), sostiene: “Nuestro compromiso desde la Confederación Campesina del país es construir un Estado plurinacional, democrático y participativo. En la economía, hemos visto que debe ser mixta, social y solidaria, inclusiva, que garantice empleos dignos y remuneraciones justas, buscando un desarrollo más equitativo. Estamos trabajando para construir un poder constituyente que sirva a las mayorías de los pobres del Perú”.

La representación amazónica estuvo a cargo de Sandy Guerra, Secretaria de la Mujer de la Comunidad Étnica de los Pueblos Quichuas Amazónicos de San Martín, quien afirmó que los pueblos indígenas amazónicos han sido constantemente vulnerados en sus derechos. “Enfrentamos un considerable distanciamiento con el gobierno; por esta razón, estamos aquí para establecer las bases de un nuevo pacto social que nos permita construir un poder soberano mayoritario y homogéneo, basado en la legitimidad del pueblo y orientado hacia los grandes cambios nacionales”.

Nueva Constitución desde las bases

Las demandas de las comunidades desde los territorios, mediante representaciones legítimas, según explicaron, buscan corregir una exclusión histórica en la redacción de la nueva Constitución. “La redacción de la mayoría de las constituciones ha estado en manos de sectores elitistas y poderes políticos y económicos, una práctica que no debe repetirse. El nuevo pacto social debe construirse desde las bases, desde las comunidades; este proceso se está gestando y hoy ha tomado un nuevo impulso, porque es un clamor popular”, afirma José Carlos Gutiérrez Sancho, Apu Malllku del Consejo de Autoridades Originarias de Puno.

Las organizaciones proponen un modelo económico mixto enfocado en el bien común, asegurando la soberanía y la gestión sostenible de los recursos naturales, asegurando la inversión pública en los sectores estratégicos. “La crisis energética actual, carente de soberanía, exige un cambio. El Perú demanda crecimiento, pero no a costo de destruir nuestros ecosistemas o las fuentes de agua. Es necesario un desarrollo sostenible y justo, donde las comunidades marginadas y cuyos territorios han sido afectados encuentren justicia, inclusión y reparación de los territorios afectados, sin lo cual no hay un verdadero desarrollo nacional”, agrega Gutiérrez.

José Leonardo Reyes, expresidente de la Asociación de Rondas Urbanas de la Región Lambayeque, sostiene que el Estado debería considerarlos aliados en el desarrollo económico sostenible de las comunidades y de los pueblos originarios e indígenas del Perú. “Es fundamental garantizar la educación pluricultural para todos, ya que el analfabetismo persiste en las comunidades campesinas. Se debe reconocer la diversidad cultural y la biodiversidad, priorizando políticas para el desarrollo de una agricultura que garanticen salud y soberanía alimentaria. Estamos en busca de soluciones concretas a las problemáticas sociales y ambientales, abogando por un Ministerio del Ambiente con poder real y una fiscalización ambiental independiente”.

Propuesta de un Estado plurinacional

Las organizaciones proponen un modelo de Estado plurinacional que reconozca la autodeterminación de los pueblos, asegurando seguridad jurídica en territorios comunales e indígenas. Sugieren un enfoque económico mixto, donde el Estado planifique y regule para un desarrollo diversificado que priorice el bien común y los derechos de la naturaleza. Se aboga por un ordenamiento territorial sostenible y participativo, y se enfatiza la necesidad de salvaguardas contra la corrupción y la soberanía sobre los recursos naturales. Este proceso debe incluir a la ciudadanía en un nuevo pacto social y una nueva Constitución, integrando a líderes sociales de diversas regiones.

El encuentro convocó a más de 50 representantes sociales, hombres y mujeres, de las más importantes organizaciones del país, rondas y comunidades campesinas del norte y sur, el Consejo de Autoridades Originarias de la Región Puno, organizaciones de base de Cusco, Ancash, Ayacucho, Callao, así como un colectivo de jóvenes de Lima, entre otros.