El actual proceso impulsado por el Congreso para inhabilitar sin causa a la fiscal suprema Delia Espinoza ha motivado un nuevo pronunciamiento de organizaciones internacionales especializadas en el monitoreo del sistema de justicia y la democracia en la región. Según alertan, este acto es «profundamente arbitrario» y se pretende usar el sistema de control político «para someter al Ministerio Público», situación que puede tener impactos en la lucha contra el crimen organizado y la integridad de las elecciones generales del 2026.
«Las organizaciones internacionales firmantes alertamos nuevamente del uso abiertamente instrumental del sistema de control político para someter, esta vez, al Ministerio Público, y del alto riesgo que ello puede significar para la lucha contra el crimen organizado afianzado dentro de los poderes políticos, e incluso, para la integridad de las elecciones generales que se realizarán en el país en abril de 2026″, expresan.
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El pronunciamiento ha sido firmado por el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la institución Robert F. Kennedy Human Rights, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
Estas organizaciones subrayan que la inhabilitación de la fiscal Espinoza «constituye un ataque frontal a la independencia del Ministerio Público peruano, que ocurre meses después de que Espinoza solicitara la disolución del partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, en aplicación de la Ley de Partidos Políticos».
De momento, el presidente encargado del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, quien es además autor de la denuncia constitucional junto con José Cueto y Alfredo Azurín, ha adelantado que el pleno sesionará la próxima semana para someter a votación la inhabilitación por diez años de la fiscal Delia Espinoza.
Este proceso contra Delia Espinoza ha tenido el apoyo en votos de congresistas de los partidos de Keiko Fujimori (Fuerza Popular), César Acuña (APP), Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y el prófugo de la justicia Vladimir Cerrón (Perú Libre), entre otras bancadas menores afines a lo que ha sido llamado «el pacto de la mafia».
Congresistas jueces y parte
Las organizaciones recuerdan que a la fecha de los 130 congresistas, 54 cuentan con investigaciones previas, 63 tienen indagaciones preliminares y 10 enfrentan denuncias constitucionales sobre diversos temas, tal como también subrayó el abogado constitucionalista Samuel Abad, durante su intervención del martes 25 en el Congreso, mientras ejercía la defensa de los representantes del Ministerio Público ante la Comisión Permanente.
«En lugar de fortalecer el Estado de derecho, el Congreso parece decidido a blindarse e impedir el avance de investigaciones que lo involucran directamente», alertan las organizaciones internacionales.
Juego en pared con la JNJ
Las organizaciones internacionales también dejan constancia de que hay un ataque sistemático del Congreso contra el Ministerio Público y para tales fines también han tenido de aliados a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
«La Junta Nacional de Justicia también ha jugado un papel clave en el cerco institucional contra la Fiscalía, al suspender preventivamente a Espinoza en un proceso disciplinario con diversas irregularidades. A pesar de que un juez ordenó su reposición mediante una medida cautelar, la Junta no solo ha desobedecido la decisión judicial, sino que ha respondido denunciando penalmente al magistrado y demandando al Poder Judicial en una demanda competencial en la que aduce una invasión de sus competencias, en una escalada de confrontación institucional que tiene pocos precedentes en la región», alertan.
Llamado internacional
Según advierten las organizaciones firmantes del pronunciamiento, el Perú transita un proceso de acelerado deterioro democrático: «Desde 2023, el Congreso viene utilizando sus prerrogativas para capturar y paralizar al sistema de justicia, desmantelar la lucha contra la criminalidad organizada y perseguir a altos funcionarios que intentan cumplir su mandato constitucional».
«La gravedad de esta situación exige una respuesta solidaria y coordinada de la comunidad internacional», advierten las organizaciones y hacen «un llamado urgente a los organismos multilaterales, a los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos y a los gobiernos democráticos de la región para que adopten medidas inmediatas y necesarias para impedir que el Perú avance hacia un deterioro irreversible de su institucionalidad democrática».
