El fiscal de la Nación interino y afín a los intereses del fujimorismo, Tomás Gálvez Villegas, concretó la desactivación de cuatro equipos especiales del Ministerio Público que habían sido creados para investigar casos emblemáticos de corrupción y el caso complejo de los crímenes cometidos durante las protestas sociales del 2022 y 2023.
Los cuatro equipos desactivados son los siguientes: Equipo Especial Lava Jato; Equipo Especial Contra la Corrupción del Poder (Eficcop); Equipo Especial del caso Los Cuellos Blancos del Puerto y el Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip).
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Gálvez defendió la decisión ante la prensa, negando que se trate de una venganza o de un ataque político, y afirmó que los fiscales asignados continuarán con las investigaciones desde sus nuevos subsistemas.
Rechazo a decisión de Gálvez
La decisión de Tomás Gálvez ha generado reacciones críticas entre exponentes del ámbito judicial. Para el exprocurador anticorrupción José Ugaz, la desactivación “favorece a investigados rumbo a las Elecciones 2026”, al debilitar equipos que habían trabajado en casos de elevada exposición pública.
El fiscal José Domingo Pérez también cuestionó la decisión, señalando que, a pesar de los resultados objetivos, el anuncio reproduce argumentos de quienes buscan destruir la labor de los fiscales y generar un giro en la persecución de casos complejos.
Otras voces del sector justicia han señalado que el retroceso institucional podría afectar investigaciones que ya estaban en etapas clave, al dispersar la experiencia consolidada de estos grupos.
La parlamentaria Ruth Luque anunció que presentará una denuncia constitucional contra el fiscal interino Tomás Gálvez, al precisar que la desactivación de los equipos mencionados «favorece a los investigados, la corrupción y la impunidad».
Preocupación en Amnistía Internacional
La organización Amnistía Internacional en Perú también ha expresado su rechazo a la decisión de Gálvez, en particular por la desactivación del equipo que investigaba los crímenes cometidas por la Policía y el Ejército durante las protestas sociales.
«Esta decisión podría afectar la especialización, continuidad y avances en las investigaciones de una de las violaciones de derechos humanos más graves de la historia reciente del Perú, impactando el acceso a la justicia de las víctimas, e incrementando la impunidad», expresa la organización. «Recordamos que la creación de este equipo respondió a la necesidad de contar con fiscales especializados en derechos humanos a dedicación exclusiva».
«A tres años de los asesinatos, instamos a las autoridades a fortalecer, y no debilitar, las investigaciones para garantizar el derecho a la verdad, justicia y reparación integral de las víctimas y sus familias, así como las garantías de no repetición para toda la población», subraya Amnistía Internacional.
