Tras una auditoría de cumplimiento ejecutada en la municipalidad distrital de Miraflores, que dirige el alcalde Carlos Canales, la Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades en los procedimientos de selección vinculados a cinco obras valorizadas en S/ 11 822 017.79. El ente de control estableció presunta responsabilidad penal en dos servidores ediles, otros dos tienen responsabilidad administrativa y tres tienen ambos tipos de responsabilidad.
La auditoría de Contraloría se centró en los procedimientos de selección de la licitación pública 004-2023 para el mejoramiento del servicio de movilidad urbana en la Avenida Roca y Boloña por un monto de S/ 3 313 318.34; la licitación 011-2024 para la recuperación del servicio de movilidad urbana en las vías locales de la calle Bolognesi por S/ 4 046 978.17, y la adjudicación simplificada 014-2024 para la renovación de pistas y adquisición de mobiliario urbano en la calle Porta por S/ 1 147 964.05.
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También están incluidas la adjudicación 015-2024 para el mejoramiento del servicio de movilidad urbana en la calle General Varela (S/ 1 289 749.43) y la adjudicación 017-2024 para la creación de servicios de espacios públicos urbanos en el Parque de la Juventud (S/ 2 024 007.80)
Los hallazgos
Según el informe de control 016-2025, cuyo período de evaluación comprende del 25 de octubre de 2023 al 3 de marzo de 2025, los comités de selección a cargo de estos cinco procesos adoptaron criterios distintos ante situaciones similares, habiendo declarado la no admisión de ofertas por errores materiales o formales que eran subsanables y por exigencias de formalidades no contempladas en la normativa de contrataciones ni en las bases integradas.
En la licitación 004-2023 no admitieron 18 de las 23 ofertas presentadas debido a formalidades subsanables como la falta de firma legalizada, la presencia de firmas pegadas sin sustento objetivos, defectos formales que eran subsanables. En este proceso se admitieron cinco ofertas, pero solo dos cumplieron con todos los requisitos de admisión previstos en las bases. Mientras que, en la fase de calificación, se otorgaron puntajes a postores sin verificar que correspondan con los criterios establecidos, hecho que generó otorgar la buena pro a un postor que no acreditó el requisito de calificación previsto en las bases integradas.
Por su parte, en la licitación 011-2024 se declaró a algunas ofertas como no admitidas por exigencia de actividad económica registrada en la ficha RUC, pese a no estar contemplado como requisito para la admisión, así como por errores materiales y formales que eran subsanables, tales como errores tipográficos, foliación o redacción en los anexos, entre otros. Pero en otros casos se admitieron las ofertas que presentaban errores idénticos, lo que evidenció el trato desigual entre los postores. También se asignaron puntajes sin justificación suficiente reflejando la falta de uniformidad en los parámetros para los postores.
En la adjudicación 014-2024, algunas ofertas no fueron admitidas por motivos subsanables como la ausencia de fecha del valor referencial, exigencia de redondeo de decimales en porcentajes de subtotales, así como por la exigencia de coincidencia exacta de fechas y firmas legalizadas, entre otros, las cuales no constituyen causales de no admisión de ofertas. Sin embargo, se admitieron otras dos ofertas que no cumplían las especificaciones técnicas y que no eran susceptibles de subsanación.
Mientras que en la adjudicación 015-2024 se declaró como no admitidas a ofertas que no contaban con la legalización notarial de firmas en la promesa de consorcio a pesar que esa formalidad es subsanable, así como la no coincidencia de fechas en todos los documentos y errores u omisiones formales o materiales. También se advirtieron deficiencias en la revisión de ofertas económicas al no justificar los puntajes asignados y aplicar criterios distintos en la verificación de los documentos.
El informe de la Contraloría revela que en estos tres últimos procedimientos se detectó empate entre postores que comparten vínculos familiares y societarios, respecto de los cuales el comité de selección efectuó el desempate mediante sorteo electrónico entre el primer y segundo lugar. Independientemente de cuál de estos resultara adjudicatario, la contratación recaería en el mismo grupo familiar.
Y en la adjudicación 017-2024 se admitieron ofertas que no cumplían la totalidad de los requisitos establecidos en las bases y otras fueron rechazadas por defectos formales irrelevantes y sin justificación que demostrara su incidencia en la validez de la propuesta; mientras que en la fase de calificación el comité de selección otorgó la buena pro a un postor que no acreditó contar con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato.
Según la Contraloría, estos hechos afectaron la legalidad y el correcto funcionamiento de la administración pública al generar una restricción en la participación de postores que ocasiona una limitación a la municipalidad de Miraflores para contratar en mejores condiciones de calidad. Estos hechos se produjeron por las decisiones deliberadas que «adoptaron los miembros de los comités de selección, quienes emitieron y suscribieron actas que distorsionaron los criterios de admisión, evaluación y calificación de ofertas en los procesos de selección».
Acreditación de requisitos
La auditoría reveló que los funcionarios responsables del órgano encargado de las contrataciones de la municipalidad de Miraflores no efectuaron la verificación de la acreditación de los requisitos de calificación, capacidad técnica y profesional, previstos en las bases integradas de la licitación 004-2023 y la adjudicación 017-2024, lo que permitió el perfeccionamiento de los contratos para la ejecución de obras con postores que no acreditaron contar con la capacidad necesaria para ejecutar las obras.
El postor ganador de la bueno pro 004-2023 no cumplió con acreditar el requisito de calificación sobre capacidad técnica y profesional para perfeccionamiento del contrato, ya que no acreditó la totalidad de equipos que conforman el equipamiento estratégico, así como el tiempo de experiencia del plantel profesional clave.
Mientras que el ganador de la adjudicación 017-2024 presentó la documentación para el perfeccionamiento del contrato de forma incompleta, ya que no contenía, entre otros, los documentos que acreditan el requisito de calificación sobre capacidad técnica y profesional, lo cual fue observado y subsanado. Sin embargo, los profesionales acreditados no cumplen el tiempo de experiencia del plantel profesional clave establecido en las bases y ello no fue observado por el Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC).
Según la Contraloría, esta situación «vulneró la legalidad de las contrataciones públicas al haberse perfeccionado contratos con postores que no acreditaron contar con las capacidades exigidas para ejecutar el contrato». Asimismo precisa que los hechos se originaron porque el OEC «incumplió su función de verificar la acreditación de este requisito previsto en las bases integradas para el perfeccionamiento de los contratos».
Presuntas responsabilidades
El ente contralor, en su informe, plantea presunta responsabilidad penal en dos funcionarios: Marysol Triveño Huamanñahui y Ruddy Astrid Cabrera De la Vega, ambos miembros del comité de selección.
Asimismo, encuentra supuesta responsabilidad administrativa y penal en tres funcionarios: Roberth Jhampier Aguilar Palomino, Palomino Luis Miguel Olivares De la Rosa y Víctor Manuel Vega Paz, este último presidente de los comités de selección.
Y también desliza responsabilidad administrativa en Félix Leopoldo Mójovich Pita, subgerente de logística y control patrimonial, y Silvia Claudia Barrera Montesinos, subgerente encargada de la misma área.
Lima Times solicitó información y versión de la municipalidad de Miraflores sobre este reporte de la Contraloría y preliminarmente adelantaron que habrá un pronunciamiento en el transcurso de esta tarde.
Puedes descargar el informe de la Contraloría desde este enlace.
Actualización 6:00 p.m.
En un comunicado público, la gestión del alcalde Carlos Canales informó que sobre estos hechos la Procuraduría Pública Municipal solicitó en 2025 el inicio de una investigación preliminar al Ministerio Público, a fin de determinar responsabilidades de funcionarios.
«En paralelo a la medida anterior, se está aplicando un plan de acción para implementar las recomendaciones de los informes de servicio de control posterior (2025) y remitir la documentación con las acciones adoptadas al Órgano de Control Interno (OCI) de la entidad o a la misma Contraloría», agregan.
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